Juana Orquídea Acanda Rodríguez, exjueza cubana condecorada por el régimen de La Habana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami el 20 de marzo de 2025 por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La detención se produjo tras descubrirse que Acanda Rodríguez había proporcionado información falsa en su solicitud migratoria, ocultando su afiliación al Partido Comunista de Cuba (PCC) y su papel en la condena de presos políticos.
Según documentos judiciales, Acanda Rodríguez ingresó a Estados Unidos con una visa de inmigrante gestionada por su hijo, ciudadano estadounidense. Sin embargo, durante el proceso de solicitud, omitió detalles cruciales sobre su historial profesional y político, lo que constituye una violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1546(a), que penaliza el uso de documentos obtenidos mediante declaraciones falsas o fraude.
El caso, titulado «United States of America vs. Juana Orquídea Acanda Rodríguez», fue presentado en corte el 26 de marzo de 2025. La exjueza, de 62 años, enfrenta cargos que podrían resultar en su expulsión del país y posibles sanciones penales, incluyendo multas y hasta cinco años de prisión.
Investigaciones posteriores revelaron que Acanda Rodríguez había participado en múltiples procesos judiciales contra opositores políticos durante su carrera como jueza en la provincia de Villa Clara. Entre 2018 y 2023, firmó sentencias contra al menos doce activistas, imponiéndoles penas que oscilaban entre tres y quince años de prisión por cargos como «desacato», «propaganda enemiga» y «atentado contra la seguridad del Estado».
Organizaciones de derechos humanos como Prisoners Defenders y Cuban Prisoners Defenders habían documentado su participación en estos procesos, información que fue presentada como evidencia ante las autoridades estadounidenses.
El arresto ha sido recibido con satisfacción por diversas organizaciones del exilio cubano quienes han denunciado estos casos por décadas sin optener respuesta o resultados. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, declaró que «este caso demuestra que el sistema finalmente está funcionando para identificar a quienes vienen a disfrutar de la libertad después de habérsela negado a otros».
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, representante del distrito 27 de Florida, expresó a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que «es hora de cerrar todas las puertas a los represores del régimen cubano que intentan escapar hacia la libertad que negaron a su propio pueblo».
El caso de Acanda Rodríguez no es el primero de su tipo, pero establece un importante precedente en los esfuerzos por impedir que exfuncionarios del régimen cubano encuentren refugio en Estados Unidos. En 2022, un exoficial de seguridad cubano fue deportado tras descubrirse su participación en actos represivos, pero la identificación de jueces y fiscales ha resultado más compleja.
Según Rolando Cartaya, analista político y exiliado cubano, «los jueces y fiscales representan un escalón fundamental en la cadena represiva del régimen, pero históricamente han sido más difíciles de identificar y procesar que los agentes de seguridad directos».
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha indicado que continuará la investigación para determinar si existen otros casos similares de exfuncionarios judiciales cubanos que hayan entrado al país mediante declaraciones fraudulentas.
Que lo sepan los cubanos. Miami es la Cuba que construyeron los cubanos libres, donde el castrismo jamás será bienvenido. No por odio, como pretenden hacer ve los apologistas del régimen, sino por la convicción de que estos funcionarios han sido cómplices activos del saqueo y la destrucción sistemática de la nación. Los cubanos que han servido al aparato represivo castrista no son adversarios políticos, son enemigos, traidores a la patria que ahora pretenden disfrutar de las libertades conquistadas por el exilio en tierras de libertad. No pasarán!
| El modelo político que planteó el candidato Alexander Otaola era nulo, mostro desconocimiento de las funciones del cargo para el cual presento su candidatura. 
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