La crisis energética en Cuba entra en una fase crítica con ocho unidades termoeléctricas fuera de servicio este domingo, lo que ha dejado al borde del colapso al ya deteriorado sistema eléctrico nacional. La Unión Eléctrica (UNE) ha confirmado que casi la mitad del país podría quedar a oscuras de manera simultánea durante el horario de mayor demanda, entre la tarde y la noche.
Los pronósticos son alarmantes: con una capacidad máxima estimada de apenas 1.855 megavatios (MW) frente a una demanda de 3.400 MW, el déficit alcanzaría los 1.545 MW, y la afectación real podría superar los 1.600 MW. En otras palabras, más del 47% del territorio nacional enfrentará apagones en una jornada marcada por cortes continuos que, según la UNE, se extenderán durante todo el día.
Las termoeléctricas cubanas —estructuras obsoletas que arrastran décadas de deterioro y falta de inversión— están cayendo una tras otra. Permanecen averiadas unidades claves como la 3 de la CTE de Cienfuegos, la 2 de Felton y la 1 de Santa Cruz del Norte. Otras cinco unidades están en mantenimiento, paralizando más de un tercio de la generación base del país.
Pero las cifras apenas transmiten la magnitud real del desastre. Esta crisis energética sostenida impacta directamente en el día a día de millones de cubanos: paraliza el bombeo de agua, destruye los alimentos almacenados por falta de refrigeración y obliga a hospitales, centros educativos y servicios públicos a operar en condiciones límite, si es que logran operar.
En febrero pasado, la isla vivió su peor mes en al menos dos años, con apagones que afectaron al 57% de la población en algún momento del mes. Sin embargo, lejos de ser una excepción, el país se encamina a repetir —o incluso empeorar— esa cifra este mes.
El gobierno cubano insiste en culpar a las sanciones de Estados Unidos por la imposibilidad de adquirir combustible y piezas de repuesto, pero analistas independientes subrayan causas más estructurales: una planificación fallida, falta de mantenimiento prolongado, ausencia de inversiones y una burocracia incapaz de reaccionar con eficiencia. La modernización del sistema eléctrico demandaría una inversión estimada de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para un Estado sin acceso a fuentes de financiamiento y con una economía colapsada.
En este contexto, la población se enfrenta no solo al apagón físico, sino también al apagón de expectativas. Sin soluciones a corto plazo, sin transparencia en la gestión y con un aparato estatal que administra el colapso en vez de resolverlo, la crisis energética cubana se ha convertido en el símbolo más palpable de un país en ruinas.
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