Panamá dio un giro político de alto impacto al dejar fuera a operadores chinos de puntos clave del Canal mediante una decisión de su Corte Suprema, una jugada legal que refuerza la estrategia geopolítica de Estados Unidos impulsada por el presidente Donald Trump para frenar la influencia de Pekín en las rutas comerciales globales.
El máximo tribunal panameño anuló los contratos que permitían a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas Pacífico y Atlántica del Canal. Con el fallo, esos acuerdos quedan sin efecto y el futuro de ambas terminales pasa a manos del Estado panameño.
PPC llevaba casi tres décadas operando los puertos y estaba en medio de una negociación para vender esos activos como parte de un paquete global valorado en unos 23.000 millones de dólares, en una transacción liderada por el fondo estadounidense BlackRock y la naviera MSC. La decisión judicial deja esa operación prácticamente congelada.
La empresa reaccionó con dureza. Aseguró que no fue notificada oficialmente, defendió la legalidad de sus contratos y recordó haber invertido cerca de 1.800 millones de dólares en infraestructura. También advirtió que podría acudir a tribunales internacionales. Desde China, el gobierno prometió “tomar todas las medidas necesarias” para proteger a sus compañías, mientras Hong Kong denunció una acción política disfrazada de legalidad.
En los mercados, el golpe fue inmediato: las acciones de CK Hutchison cayeron con fuerza en la bolsa de Hong Kong, reflejando la incertidumbre sobre el futuro del grupo fuera de Panamá.
El fallo llega en plena confrontación entre Washington y Pekín por el control de puntos estratégicos del comercio mundial. Trump había señalado repetidamente la presencia china en torno al Canal de Panamá como un riesgo estratégico y celebró la posibilidad de que esos activos pasaran a manos occidentales. Con esta sentencia, Panamá ejecuta en los hechos ese objetivo, usando a la Corte como instrumento.
China había intentado frenar la venta de los puertos exigiendo que su naviera estatal Cosco tuviera control en la operación, pero el fallo judicial dejó sin base esa presión. Dentro de Panamá, críticos de las concesiones venían denunciando que los contratos favorecían a la empresa extranjera y perjudicaban al país.
Ahora el gobierno panameño deberá redefinir quién operará los puertos. El presidente José Raúl Mulino ya había adelantado que podrían convocarse nuevas licitaciones o esquemas público-privados. Para las grandes navieras, la prioridad será que las operaciones no se interrumpan en uno de los corredores marítimos más importantes del planeta.
En términos políticos, el mensaje es claro: Panamá toma partido en la disputa entre Estados Unidos y China y, con una maniobra legal, despeja a los operadores chinos de una zona clave del comercio global.
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