El vaciado de Alligator Alcatraz dejó este martes a sus detenidos repartidos en otros centros migratorios de Estados Unidos, entre ellos numerosos cubanos de la tercera edad que pasaron por una instalación marcada por denuncias de maltrato, hacinamiento y atención médica tardía. El traslado ocurrió en Florida, justo al comenzar la temporada de huracanes, y cerró de hecho un centro que el propio sistema migratorio presentó como seguro para los retenidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el estado de Florida dijeron que la mudanza buscaba proteger a los inmigrantes indocumentados. Pero el movimiento llega después de meses de denuncias sobre las condiciones dentro del recinto y de un escándalo por su costo. Friends of the Everglades sostiene que la operación llegó a costar alrededor de 1.2 millones de dólares diarios y que el gasto total supera los 1,100 millones de dólares hasta junio.
La clausura temporal expone el fracaso de una instalación levantada con urgencia política. Alligator Alcatraz fue construido en apenas ocho días con poderes de emergencia estatales e inaugurado por Trump y DeSantis en julio de 2025, en el antiguo Dade-Collier Training and Transition Airport, dentro del Big Cypress National Preserve. Nació con una capacidad anunciada de entre 3,000 y 5,000 detenidos, pero en abril de 2026 apenas albergaba un promedio diario de unas 1,400 personas.
El propio perfil de los detenidos desmontó el discurso original con el que se vendió el proyecto. Casi el 60% fue clasificado por ICE como “sin amenaza”, es decir, sin condenas penales previas. Aun así, terminaron encerrados en un centro improvisado que las autoridades justificaron como reserva para “los peores de los peores”.
Entre los más golpeados aparecen cubanos que llegaron a Estados Unidos hace décadas y hoy enfrentan la vejez lejos de sus familias o en condición irregular en México. Human Rights Watch documentó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron deportados a México 4,353 cubanos, el grupo nacional más numeroso entre los enviados a ese país. De los 53 casos entrevistados por la organización, 41 eran cubanos y 17 tenían 60 años o más; el mayor contaba con 83 años.
Los testimonios citados por HRW dibujan un cuadro de abandono que golpea sobre todo a los mayores. Rafael Enrique Migolla, de 73 años, fue deportado a México tras vivir desde 1991 en Estados Unidos. Felipe Muñoz, de 70 años y con más de tres décadas en el país, también acabó fuera. Lázaro Romero León, de 59 años y con igual tiempo de residencia, quedó en la calle en Tapachula después de la deportación.
Dentro de Alligator Alcatraz, los detenidos denunciaron jaulas con entre 27 y 32 personas, agua no potable, comida insuficiente y demoras de hasta 72 horas para recibir atención médica. Ese cuadro alimentó la demanda presentada por Friends of the Everglades, que acusa al estado de no haber realizado la evaluación ambiental exigida antes de abrir el centro y de haber cubierto los Everglades con al menos 20 acres de asfalto nuevo sin proceso público.
Florida esperaba además recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos federales por la operación, pero ese pago quedó detenido sin calendario claro. La organización ambiental anunció que seguirá litigando para forzar un cierre permanente. Su directora ejecutiva, Eve Samples, calificó el episodio como un capítulo oscuro en la historia de los Everglades.
Para los cubanos que terminaron atrapados allí, el caso deja una enseñanza amarga: el éxodo sigue chocando con sistemas de control cada vez más duros, y la vejez, la precariedad y la falta de estatus migratorio los convierten en presa fácil de detenciones improvisadas y traslados inciertos. La crisis que expulsa a tantos desde la isla también los deja expuestos fuera de ella, con la misma vulnerabilidad de origen y otro aparato encima.
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