Estados Unidos comenzó a desembolsar compensaciones económicas para diplomáticos, funcionarios y agentes afectados por el llamado síndrome de La Habana, un episodio que desde 2016 ha marcado las relaciones entre Washington y Cuba y cuyo origen continúa sin una explicación definitiva.
El primer pago, cercano a los tres millones de dólares, fue realizado al amparo de la denominada Ley de La Habana, creada para asistir a empleados del Gobierno estadounidense que reportaron síntomas neurológicos mientras prestaban servicio en Cuba y posteriormente en otros países.
Durante los primeros años de la investigación, agencias de inteligencia estadounidenses evaluaron la posibilidad de que los incidentes estuvieran relacionados con acciones de un actor extranjero. Sin embargo, informes posteriores concluyeron que no existían pruebas concluyentes para sostener esa hipótesis, aunque tampoco lograron determinar una causa alternativa que explicara todos los casos.
El episodio tuvo importantes consecuencias diplomáticas. En 2017, Estados Unidos redujo drásticamente el personal de su embajada en La Habana y expulsó a diplomáticos cubanos, medidas que agravaron el deterioro de las relaciones bilaterales y limitaron durante años los servicios consulares en la Isla.
Las nuevas compensaciones representan un reconocimiento oficial a las afectaciones sufridas por el personal estadounidense y mantienen vigente un caso que continúa generando interrogantes tanto en el ámbito médico como en el político. A una década de los primeros incidentes, el síndrome de La Habana sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la relación entre ambos países.
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