Toda transición política que aspire a construir una República libre y democrática enfrenta una pregunta fundamental: ¿qué hacer con las violaciones de derechos, los abusos de poder y los crímenes cometidos durante décadas de totalitarismo?
La historia nos ofrece una respuesta clara. Ninguna nación ha logrado consolidar la libertad sobre la base de la impunidad. La reconciliación ocurre cuando la verdad prevalece, las víctimas son reconocidas y los responsables responden ante la ley. Cuba no será una excepción.
Durante más de seis décadas, el régimen ha concentrado el poder político, militar y económico; ha perseguido, reprimido, encarcelado y asesinado a opositores, restringido libertades fundamentales a toda una población y forzado a millones de cubanos a abandonar su país. La magnitud de los crímenes atribuidos al castrismo hace imprescindible un proceso judicial estilo Nuremberg que permita esclarecer responsabilidades y pavimentar el camino hacia la libertad mediante la aplicación de una justicia largamente postergada.
Este tipo de justicia no implica venganza. Tampoco supone castigos colectivos, persecuciones indiscriminadas, linchamientos ni juicios populares como los realizados por el castrismo en sus primeros años. En un Estado de Derecho, las responsabilidades individuales deben determinarse mediante procedimientos transparentes, con debido proceso, garantías de defensa y pleno respeto a los derechos de los acusados.
La justicia transicional ha sido aplicada en numerosos países que padecieron regímenes autoritarios. Comisiones de la verdad, tribunales especiales, investigaciones independientes y mecanismos de reparación a las víctimas han formado parte de procesos destinados a restablecer el orden jurídico, fortalecer la confianza ciudadana y reconstruir instituciones dañadas por décadas de abuso de poder.
En el caso cubano, la libertad solo podrá consolidarse si existe una investigación rigurosa de los crímenes cometidos bajo el castrismo, una identificación clara de los responsables y un reconocimiento oficial de las víctimas.
Una nación que renace no puede condenar al olvido a las víctimas de un régimen anterior mientras quienes cargan con la responsabilidad de buena parte de sus desgracias aún conservan privilegios, influencia, patrimonio o poder político. Tampoco puede exigirse reconciliación sin garantizar antes que los hechos sean esclarecidos y que todos respondan ante la ley en igualdad de condiciones.
La reconstrucción de Cuba requerirá reformas económicas, instituciones independientes y elecciones libres. Sin embargo, ninguna de esas transformaciones será suficiente si el país evita examinar su propia historia y establecer responsabilidades donde corresponda.
La libertad necesita justicia para sobrevivir. Sin ella, cualquier transición corre el riesgo de convertirse en un simple cambio de nombres o de estructuras. Para el futuro de Cuba, la rendición de cuentas y la aplicación imparcial de la ley constituyen principios irrenunciables. Prohibido olvidar.
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