Cuba arrancó el año 2026 con la cifra más alta de presos políticos registrada hasta la fecha: 1.207 personas privadas de libertad por razones ideológicas. El dato se desprende del informe más reciente de la organización independiente Prisoners Defenders, que confirmó 18 nuevos casos solo durante el mes de enero.
El balance anual refleja una tendencia sostenida. A lo largo de los últimos doce meses se incorporaron 147 nuevos detenidos por motivos políticos, lo que sitúa el promedio por encima de una docena de arrestos mensuales vinculados al ejercicio de libertades fundamentales.
El presidente de Prisoners Defenders, el abogado Javier Larrondo, explicó que una de las salidas del listado fue la de Lázaro García Ríos, fallecido el 22 de enero mientras cumplía una condena de 20 años en prisión. Familiares del recluso denunciaron negligencia médica y contradicciones en la versión oficial sobre su muerte. Larrondo calificó el caso como “de extrema gravedad jurídica y política”, subrayando que el Estado tiene una responsabilidad reforzada de proteger la vida y la salud de toda persona bajo custodia.
Según la tipología empleada por la organización, el total de prisioneros se distribuye en tres categorías: 727 convictos de conciencia encarcelados por ejercer derechos básicos; 445 condenados de conciencia sometidos a restricciones severas como arresto domiciliario, trabajos forzados u otras formas de control penal; y 35 presos políticos incluidos en un apartado residual por violaciones graves al debido proceso motivadas por razones ideológicas.
El informe también alerta sobre la presencia de 128 mujeres y 32 menores de edad, detenidos antes de cumplir los 18 años, que permanecen bajo medidas penales de carácter político.
En relación con las condiciones carcelarias, Prisoners Defenders documenta al menos 463 reclusos con enfermedades graves asociadas a desnutrición, malos tratos o falta de atención médica, así como 42 personas con trastornos severos de salud mental sin acceso a tratamiento adecuado. Larrondo denunció además la ausencia de supervisión clínica y el desabastecimiento de medicamentos, cuya provisión depende casi exclusivamente de los familiares. Según la organización, parte de estos insumos son sustraídos dentro de las prisiones, incluso en casos que requieren medicación continua.
El reporte recoge igualmente denuncias de tortura, que incluyen golpizas, confinamiento prolongado en celdas de castigo y agresiones sexuales. Entre los casos señalados figura el de Onaikel Infante Abreu, quien habría sufrido abusos sexuales bajo órdenes de autoridades penitenciarias.
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares al preso Duannis Dabel León Taboada y a su madre, tras denuncias de agresiones físicas que derivaron en pérdida parcial de la visión y un cuadro severo de depresión.
El informe dedica un apartado especial al uso de la vigilancia digital como instrumento central de represión. De acuerdo con un estudio de la organización, el 88% de los testimonios recabados indican que las citaciones o detenciones se produjeron tras publicaciones en redes sociales. En cerca de la mitad de los casos se reportó la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial. Entre los ejemplos citados figuran los arrestos de jóvenes como Ankeily de la Caridad Guerra Fis y Enrique Ramos Bosch por expresar críticas al régimen en Facebook.
“Comentarios, publicaciones y mensajes privados se incorporan a expedientes penales y se utilizan como base para amenazas, arrestos y procesos judiciales”, precisó Larrondo.
Con una tasa estimada de 923 presos políticos por cada 100.000 habitantes, Prisoners Defenders sostiene que Cuba se ha convertido en la mayor “isla cárcel” del mundo. El documento concluye que el país mantiene un sistema de represión estructural y permanente, con consecuencias directas sobre las libertades civiles y, en no pocos casos, sobre la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
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