El régimen introdujo un cambio sustancial en su versión sobre el tiroteo ocurrido frente a Cayo Falcones, al calificar el hecho como una operación de “infiltración armada” organizada desde territorio estadounidense.
En un comunicado difundido por el Ministerio del Interior (MININT), las autoridades sostienen que fueron interceptadas diez personas a bordo de la embarcación señalada en el incidente.
Según la declaración oficial, durante el procedimiento se habría ocupado armamento que incluiría fusiles, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas, miras ópticas y prendas de camuflaje.
La versión gubernamental asegura que todos los involucrados son ciudadanos cubanos con residencia en Estados Unidos. Asimismo, fueron divulgados los nombres de seis sobrevivientes bajo custodia:
Amijail Sánchez González
Leordan Enrique Cruz Gómez
Conrado Galindo Sariol
José Manuel Rodríguez Castelló
Cristian Ernesto Acosta Guevara
Roberto Azcorra Consuegra
Las autoridades indicaron que dos de ellos figuraban previamente en registros oficiales vinculados a actividades consideradas delictivas por el Estado cubano.
En cuanto a los cuatro fallecidos durante el operativo, solo se ha confirmado públicamente la identidad de uno: Michel Ortega Casanova. Las otras tres víctimas mortales aún no han sido identificadas de manera oficial.
Todas las acusaciones relacionadas con terrorismo y organización paramilitar provienen exclusivamente del comunicado emitido por La Habana. Hasta el momento no se han presentado pruebas independientes ni se ha permitido verificación externa del supuesto armamento incautado.
El viraje en la narrativa oficial —que inicialmente describía un enfrentamiento tras una orden de alto— añade una dimensión política al caso.
La ausencia de información verificable y de una investigación con supervisión independiente mantiene abiertas las interrogantes sobre lo ocurrido en aguas cercanas a la costa norte de Cuba.
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