El denominado «tarifazo» del régimen castrista que obliga a pagar un altísimo costo para acceder a cierta información a través de los teléfonos móviles, y la supuesta «huelga» de universitarios para denunciarlo, junto a un comunicado en el que los estudiantes hablan de «desigualdades inadmisibles en un sistema socialista», sin dudas es otra de las cortinas de humo que ahora mismo desvía la atención del problema fundamental: el inexistente acceso libre a internet en la isla caribeña.
El foco de atención está ahora en varias universidades del país, luego de que la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana anunciara un paro académico indefinido si el Gobierno no retira las nuevas tarifas, que limitan las recargas mensuales de teléfonos móviles en moneda nacional a 360 pesos, unos 15 dólares, que dan acceso a 6 GB de datos.
A partir de este precio, quien quiera obtener más datos deberá pagar unos 140 dólares para obtener 3 GB adicionales.
Esto representa más de la mitad del salario promedio nacional, de acuerdo con los cálculos del economista cubano Pedro Monreal publicados en su cuenta de X. Su cálculo, sin embargo, es demasiado optimista. En Cuba hay mucha gente que devenga al mes menos de 50 dólares.
Medios como El País se han apresurado a decir de manera sensacionalista que, con esta medida, «el Gobierno de Cuba dolariza internet», cuando en realidad el acceso a la red de redes bajo el régimen comunista de la isla siempre tuvo precio en dólar porque lo pagan los familiares desde el exterior, con recargas promovidas por «portales de asuntos cubanos» con amplias sospechas de pertenecer al propio régimen.
Hoy no se habla de otra cosa en Cuba que no sea el «tarifazo» de la estatal ETECSA, la única empresa suministradora de internet.
En un comunicado de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), que involucra a organizaciones gubernamentales como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), y que se puede leer en Telegram, los firmantes intentan distraer la atención con la típica propaganda castrista: «Crea desigualdades inadmisibles en un sistema socialista», califica en referencia al «tarifazo».
«No es correcto ni es la práctica revolucionaria, amanecer con una noticia de inmediata implementación y sin capacidad alguna de reacción ni preparación», añade el comunicado con un lenguaje panfletario tan conocido por los cubanos.
El castrismo lleva años lucrando con el precio de internet -más bien de una intranet- y hasta ahora ha sostenido un pulso entre «hacer caja» y el peligro que le representa que la gente común pueda estar medianamente informada.
Desde que descubrió que aquellas llamadas familiares desde el exterior eran una mina de oro, la llegada de plataformas de comunicación en tiempo real como WhatsApp deben haber multiplicado enormemente sus beneficios, un robo total y sin competencia. Pero ahora parece que necesita más dinero.
«Las redes sociales son nuestras plazas»
La cara visible es una «pobre» funcionaria que ha salido en televisión explicando lo inexplicable: «la captación de divisas para mover el país». Sin embargo, el problema fundamental, el acceso libre a la información, sigue en pie, entreverado en una supuesta huelga universitaria, en un estudiantado molesto que, entre otras demandas ridículas, pide «bonos nocturnos destinados a descargas académicas».
«Nosotros no sabemos no sabemos qué es la libertad. Hemos crecido sometidos por una tiranía que nos ha cerrado todos los espacios tradicionales de expresión. El único espacio de libertad que conocemos es internet», escribió en Facebook desde la isla el periodista Jorge Carpio.
Aunque la mayoría de las páginas de asuntos cubanos editadas en el exterior continúan bloqueadas oficialmente, Carpio no duda en añadir que «las redes sociales son nuestras plazas».
«Creo que la gente está luchando por el único espacio donde no podemos ser controlados por los poderes hegemónicos del totalitarismo», señaló el comunicador independiente.
Aunque la ONU ha reconocido el acceso a internet como un derecho humano fundamental, que debe «garantizar el uso libre para todos, incluyendo la búsqueda, recepción y difusión de información sin censura», en países comunistas como China y Cuba esta proclama se viola.
En su informe del 2011 como Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue describe algunas de las formas en que los Estados censuran cada vez más la información en línea, mediante el «bloqueo o filtrado arbitrario de contenido».
Esto incluye impedir que los usuarios accedan a sitios web específicos, direcciones IP, extensiones de nombres de dominio, la retirada de sitios web del servidor donde están alojados o el uso de tecnologías de filtrado para excluir páginas que contengan palabras clave u otro contenido específico.
China, pone como ejemplo, ha adoptado amplios sistemas de filtrado que bloquean el acceso a sitios que contienen términos clave como «democracia» y «derechos humanos».
En Cuba el régimen se gasta parte del dinero expoliado a costa de la separación familiar en elaborar programas de censura de ese tipo, además de mantener su equipo de espionaje cibernético, más conocido como «ciberclarias», y al que recientemente se refirió el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.
El uso de la intranet que ha creado el castrismo y que tanto dinero le deja a una sola familia y a la élite que lo rodea sigue estando regulado por la dictadura, aunque no es menos cierto que la red de redes se convirtió en su Talón de Aquiles junto con la caída del Muro de Berlín.
Cuba ya no es un país cerrado, de espaldas al mundo, como lo era hasta los primeros años 90, pero está muy lejos todavía de ser una economía libre y de mercado donde las compañías privadas de telecomunicaciones son las suministradoras de internet. Que un Estado lo sea -y más un estado totalitario- es una aberración.
Muy lejos le queda esta isla a una compañía como la francesa Orange que, en 2007 y para competir en España por la banda ancha, lanzó su espectacular campaña «Tienes derecho a internet», que en Barcelona, donde la vi por primera vez, parecía una verdad de Perogrullo. Pero no, Orange tenía razón.
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