El Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se sentó este jueves a conversar con dos rostros conocidos dentro del mundo cristiano cubano: los pastores Vivian Barrero y Joel Cárdenas, de la Alianza de Cristianos de Cuba.
Según informó la Embajada de EE.UU. en La Habana, sobre la mesa se pusieron las preocupaciones reales de la comunidad cristiana en la Isla: los obstáculos que enfrentan día a día, la presión constante y, sobre todo, la urgencia de defender la libertad religiosa.
“El trabajo que realizan en sus comunidades para apoyar a los más vulnerables es admirable”, expresó la sede diplomática, reconociendo un esfuerzo que muchas veces ocurre lejos de las cámaras y bajo la sombra de la censura.
Apenas en marzo, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) volvió a recomendar que Cuba sea incluida en la lista negra de “países de particular preocupación” por las “violaciones sistemáticas, continuas y atroces” contra la libertad religiosa durante 2024.
Desde que llegó a La Habana en 2023, Hammer ha dejado clara su postura: denunciar detenciones arbitrarias, criticar la represión contra activistas y periodistas, y defender libertades básicas como la de reunión o expresión. Esa franqueza le ha ganado más de un gesto de desaprobación por parte del Gobierno cubano.
Y es que, en paralelo, el régimen ha ido blindando su arsenal legal para mantener el control. La Ley de Ciudadanía, aprobada en julio de 2024, permite retirar la nacionalidad a quienes vivan en el extranjero y realicen actos considerados “contrarios a los intereses” del país, una definición lo suficientemente vaga como para incluir desde opositores hasta líderes religiosos incómodos.
En octubre entró en vigor la Ley de Comunicación Social, que recorta aún más el derecho a opinar y expresarse, y que incluso alcanza a manifestaciones religiosas que el Estado considere falsas o incompatibles con su ideología. Todo esto se suma a normas ya conocidas como el Decreto-Ley 370 o el Código Penal, que criminalizan actividades religiosas percibidas como críticas.
El informe de la USCIRF va más allá y apunta a prácticas concretas: el registro de grupos religiosos se maneja de forma arbitraria, y pertenecer a una organización no reconocida, como la Asociación Yoruba Libre, puede traducirse en interrogatorios, amenazas, confiscaciones o incluso prisión.
En ese contexto, el gesto de Hammer y la conversación con Barrero y Cárdenas son un recordatorio de que, mientras el Gobierno cubano intenta acallar ciertas voces, todavía hay quienes insisten en escucharlas.
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