La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una alerta internacional sobre la sistemática persecución que sufre la familia Aguilar en Cuba, exponiendo otro caso emblemático de la represión desatada tras las protestas del 11 de julio de 2021.
El organismo internacional ha otorgado medidas cautelares urgentes a favor de Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y sus familiares, quienes enfrentan un patrón sostenido de hostigamiento por parte del aparato represivo del régimen. La situación se ha agravado especialmente desde que su hijo Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad intelectual, fuera condenado a 12 años de prisión por participar en las manifestaciones pacíficas en el barrio de La Güinera.
La brutalidad de la sentencia contra Walnier Luis, quien actualmente cumple condena en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, evidencia la naturaleza vengativa del sistema judicial cubano. El régimen, ignorando la condición de discapacidad del joven manifestante, aplicó una de las condenas más severas entre los más de mil detenidos durante el estallido social.
Desde 2022, el padre ha sido sometido a un acoso sistemático que incluye vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y amenazas directas. La CIDH ha documentado una escalada en la intensidad de la represión desde inicios de 2024, con nuevas restricciones a la libertad de movimiento y expresión de la familia.
Ante la gravedad de la situación, la CIDH ha exigido al régimen de La Habana implementar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de la familia Aguilar. El organismo internacional demanda específicamente que se les permita desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin sufrir amenazas, hostigamientos o violencia.
Este caso resalta la continuidad de la represión contra los manifestantes del 11J y sus familias, demostrando que, lejos de ceder, el aparato represivo del régimen ha intensificado su persecución contra quienes se atreven a alzar su voz por la libertad en Cuba.
La comunidad internacional espera ahora la respuesta del régimen cubano ante estas medidas cautelares, aunque la experiencia histórica sugiere que La Habana continuará ignorando los llamados de los organismos de derechos humanos, como ha hecho sistemáticamente durante más de seis décadas.
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