Colombia vivió en las últimas horas una serie de atentados que han elevado las alertas de seguridad en distintas regiones del país. Según reportes oficiales y de prensa, tres hechos violentos se registraron de manera casi simultánea.
En Cali, un automóvil cargado con explosivos estalló en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando al menos seis fallecidos y alrededor de 70 heridos. En Antioquia, un helicóptero que participaba en operativos de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado, causando la muerte de 13 uniformados. El tercer ataque se produjo en Florencia, Caquetá, donde un artefacto detonó cerca de la sede de la Alcaldía, aunque no se reportaron víctimas mortales.
Tras la cadena de ataques, el presidente Gustavo Petro comunicó que el Gobierno clasificará al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC —Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia— como estructuras terroristas. El mandatario aseguró que estos grupos actúan como “la junta directiva del narcotráfico” y advirtió que sus acciones constituyen crímenes de guerra que incluso podrían ser investigados por la Corte Penal Internacional.
El atentado en Cali fue atribuido a la facción Jaime Martínez del EMC, cuyo presunto responsable, identificado como alias Sebastián, fue detenido en el lugar de los hechos.
La intensificación de la violencia ocurre en un momento delicado para Colombia, en plena implementación de diálogos de paz y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2026, lo que plantea un escenario complejo para la seguridad y la estabilidad política.
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