El gobierno de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el régimen cubano al anunciar sanciones contra Cupet, la empresa estatal de petróleo y gas, señalando la expropiación ilegal de activos pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, estas sanciones buscan frenar las prácticas corruptas del régimen, que han desviado recursos energéticos hacia sus propios intereses, mientras el pueblo cubano enfrenta una grave escasez de combustible y apagones sistemáticos.
Rubio subrayó que las autoridades cubanas habrían estado utilizando el combustible como una herramienta de control social, racionando la energía y acaparando suministros para sus fuerzas represivas.
Esta medida se suma a un contexto de crisis económica y energética que ha visto cómo los cortes de electricidad se vuelven cada vez más frecuentes, en parte debido a presiones externas y a la falta de inversión en infraestructura crítica en Cuba.
Las ventas de combustible por parte de Cupet son actualmente mínimas y están sujetas a racionamiento, lo que agrava aún más la situación del pueblo cubano.
En respuesta al anuncio, el gobierno cubano ha denunciado que estas medidas afectan a toda la población, argumentando que el objetivo es estrangular su economía con el fin de desestabilizar al gobierno.
Mientras ambos países reconocen mantener un diálogo limitado, el futuro de estas relaciones sigue siendo incierto, especialmente en un momento en que Estados Unidos ha manifestado su deseo de cambiar la dinámica en la isla hacia un camino más libre y con oportunidades económicas para los cubanos que permanecen atrapados entre estrategias de control y chantajes económicos.
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