Florida activó una nueva ofensiva legal contra las empresas que mantengan negocios relacionados con el régimen cubano al poner en vigor una legislación que amplía las sanciones administrativas y penales para quienes violen las restricciones establecidas por las autoridades estadounidenses. La norma, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, también alcanza a funcionarios públicos y busca cerrar espacios a la influencia de gobiernos considerados hostiles.
La denominada Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera incorpora a Cuba dentro del grupo de países catalogados por el estado como «de preocupación», junto a Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. La legislación fortalece la capacidad de las autoridades estatales y locales para actuar contra compañías que desarrollen actividades comerciales prohibidas con esos gobiernos o presenten información falsa sobre sus operaciones.
El nuevo marco legal contempla sanciones que incluyen la pérdida de licencias, medidas administrativas y posibles consecuencias penales para empresas y personas involucradas en negocios que contravengan la legislación federal relacionada con el régimen cubano.
DeSantis defendió la iniciativa como una herramienta para impedir la penetración de gobiernos adversarios en instituciones públicas, infraestructuras críticas y sectores estratégicos de Florida. La inclusión de Cuba dentro de ese esquema refleja el endurecimiento de la política estatal frente al castrismo y su influencia económica en territorio floridano.
La entrada en vigor de la ley ocurre pocas semanas después de que el condado de Miami-Dade revocara la licencia fiscal de Vanguard Energy, empresa que proyectaba exportar 250.000 barriles de combustible hacia la Isla. Paralelamente, continúan investigaciones sobre cientos de negocios en Miami y Hialeah por presuntos vínculos comerciales con el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.
El aumento del escrutinio también ha impactado a compañías dedicadas al envío de ayuda desde el exilio. EnviosCuba.com suspendió recientemente sus operaciones tras el endurecimiento de las medidas regulatorias, en un contexto de mayor vigilancia sobre cualquier actividad económica relacionada con Cuba.
La nueva legislación coincide con un escenario de creciente presión desde Washington. Durante 2026, la Administración estadounidense reforzó las restricciones sobre sectores estratégicos vinculados al régimen, incluyendo energía, finanzas, minería y defensa, mientras la crisis económica dentro de la Isla continúa agravándose.
Además de las disposiciones comerciales, la ley prohíbe que funcionarios públicos y candidatos acepten regalos, beneficios o contribuciones procedentes de gobiernos considerados hostiles u organizaciones calificadas como terroristas. También establece restricciones sobre determinados acuerdos de adopción y maternidad subrogada que involucren a ciudadanos de esos países, ampliando el alcance de la política estatal para limitar cualquier influencia procedente de esos regímenes.
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