A cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021, Prisoners Defenders denunció una nueva escalada represiva del régimen cubano dirigida contra activistas, periodistas, artistas y jóvenes con capacidad de movilización. El informe de la organización sostiene que la ofensiva busca impedir cualquier manifestación pública durante el aniversario del 11J.
La entidad documentó 1.306 presos políticos al cierre de junio, la cifra más alta registrada hasta ahora en sus informes. Solo durante ese mes incorporó 32 nuevos casos y mantuvo otros 21 bajo investigación, mientras siete personas abandonaron la lista tras cumplir sus condenas.
Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, las detenciones recientes responden a una estrategia preventiva para neutralizar voces con influencia social. Entre los casos citados aparecen periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos y antiguos manifestantes del 11J.
El informe también alerta sobre la situación de los menores de edad. La organización contabiliza 40 presos políticos que fueron detenidos siendo menores, de los cuales 16 permanecen encarcelados en prisiones para adultos. Otros adolescentes fueron condenados por sedición tras las protestas de julio de 2021.
Entre los nuevos casos figuran los creadores de contenido Eduardo Ceballos Pérez y Christian Rodríguez Riverón, acusados de espionaje después de publicar videos sobre instalaciones abandonadas en Cuba. También aparece el rapero MC K-LIBRE, arrestado tras las protestas ocurridas en el reparto Barbosa, en La Habana.
Prisoners Defenders denunció además una redada en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde fueron detenidos diez jóvenes, incluidos seis menores de edad. La organización sostiene que estas acciones forman parte de un patrón represivo destinado a elevar el costo de cualquier expresión de descontento.
El informe dedica un apartado especial a la situación sanitaria de los presos políticos. Según sus datos, 458 padecen enfermedades graves o crónicas y otros 53 presentan trastornos severos de salud mental, mientras continúan denunciándose deficiencias en la atención médica dentro de las cárceles.
Cinco años después del 11J, la organización concluye que el régimen no ha reducido la represión, sino que ha perfeccionado sus mecanismos de vigilancia, persecución y encarcelamiento contra quienes considera capaces de informar, influir o movilizar a la sociedad cubana.
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