La Fiscalía General del régimen cubano solicitó condenas de hasta 30 años de prisión para 30 personas acusadas de integrar un supuesto plan de levantamiento armado contra el Estado. El principal procesado es Ardenys García Álvarez, quien enfrenta la sanción más severa tras haber ingresado a Cuba en una moto acuática en octubre de 2023.
De acuerdo con la acusación, García Álvarez habría introducido armas, municiones y equipos de radiocomunicación con el objetivo de organizar células armadas en varias provincias del país. El expediente también atribuye al grupo la planificación de atentados contra autoridades, sabotajes a instalaciones estatales y otras acciones consideradas terroristas.
Los demás implicados afrontan solicitudes de penas que oscilan entre 10 y 25 años de cárcel por delitos como terrorismo, espionaje y colaboración con el supuesto plan. La Fiscalía también pidió el decomiso de los bienes ocupados durante la investigación.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si las acciones descritas en la acusación llegaron a ejecutarse o si fueron desarticuladas antes de materializarse. El caso se encuentra en fase judicial a la espera del correspondiente proceso ante los tribunales.
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