En plena tormenta política, el Gobierno de Pedro Sánchez ha activado un programa de condonación de deuda con el régimen cubano por un valor de hasta 375 millones de euros. La medida, formalizada en Sevilla por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, no exigirá reembolso en efectivo, sino que transformará ese monto en inversiones dentro del territorio cubano, gestionadas en colaboración con el propio régimen.
El mecanismo adoptado, conocido como debt swap o conversión de deuda, permite al país deudor invertir en moneda local en proyectos pactados con el acreedor, en vez de pagar en divisas. Según el acuerdo, los fondos se destinarán a sectores como energía, agua, alimentación y sostenibilidad, bajo la supuesta supervisión conjunta de ambos gobiernos. El plan contempla también la participación de empresas españolas, aunque no se han detallado los criterios de selección ni el alcance real del control institucional.
La condonación a Cuba se produce en un momento crítico para el Ejecutivo español, salpicado por casos de corrupción que afectan al círculo más cercano a Pedro Sánchez. La figura más comprometida es Santos Cerdán, antiguo número tres del PSOE y operador clave en la Moncloa, hoy en prisión provisional por su presunto liderazgo en una red de comisiones ilegales ligadas a contratos públicos. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, lo señala como pieza central de un esquema de sobornos gestionado junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, con fondos aún no localizados.
En este contexto, la decisión de activar el programa con Cuba ha despertado críticas en varios sectores políticos y de la sociedad civil. Se cuestiona no solo el momento elegido, sino la oportunidad de perdonar una deuda millonaria a una dictadura sin transparencia ni respeto por los derechos humanos, mientras en España se agravan las tensiones institucionales y se multiplican los indicios de corrupción en la cúpula del poder.
El origen del acuerdo se remonta a 2016, cuando España y Cuba pactaron convertir parte de la deuda bilateral en proyectos de cooperación. Sin embargo, el relanzamiento de la iniciativa ha sido impulsado ahora, con el aval del Club de París, organismo que agrupa a los principales acreedores globales y promueve mecanismos alternativos para países con deudas insostenibles.
Desde el Palacio de la Moncloa se insiste en que la medida fortalece los vínculos internacionales y favorece el desarrollo económico en naciones con limitaciones estructurales. No obstante, voces críticas señalan que la condonación a Cuba se traduce, en la práctica, en un subsidio encubierto a una dictadura represiva que continúa persiguiendo a opositores, restringiendo las libertades civiles y reprimiendo cualquier forma de disidencia.
La maniobra, presentada como política de cooperación, parece responder más a cálculos geopolíticos y alianzas ideológicas que a criterios de transparencia, legalidad o eficacia. En medio del descrédito creciente del Gobierno socialista, la ayuda económica a La Habana corre el riesgo de ser percibida como una concesión ideológica, alejada del interés nacional y del principio de justicia para con los contribuyentes españoles.
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