Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín presentaron una demanda pública contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), acusándola de incumplir los términos contractuales y violar derechos fundamentales al imponer nuevas tarifas en moneda extranjera sin previo aviso. Esta acción legal representa una iniciativa sin precedentes en el contexto cubano, donde estudiantes universitarios utilizan argumentos jurídicos y constitucionales para defender sus derechos frente a una empresa estatal.
La acción fue dada a conocer este jueves mediante un documento que establece: «Demandamos sobre el incumplimiento de los términos del contrato en las medidas adoptadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba Sociedad Anónima o como se le conoce por sus siglas ETECSA». El pronunciamiento se sustenta específicamente en las cláusulas 7 y 19 del contrato de servicios de telefonía celular prepago, donde se establece que ETECSA debe «informar al cliente, con 30 días naturales de antelación, cualquier modificación en las condiciones de prestación del servicio».
Sin embargo, los estudiantes alegan que las nuevas disposiciones, vigentes desde el 30 de mayo, fueron adoptadas sin previo aviso, en contravención de lo estipulado legalmente. Entre las medidas cuestionadas se encuentra la limitación del uso de datos móviles a un paquete mensual adicional de 360 CUP, cuyo consumo se restringe a una métrica de 6 GB.
«Consideramos que esta medida en primera instancia no resuelve las necesidades y el consumo mensual de los estudiantes universitarios (…) ya que los estudiantes sobrepasan los 12 GB que ETECSA de manera totalmente errada y descontextualizada define como estándar», indica la demanda, que fue compartida en Facebook por un estudiante de Derecho de la Universidad de Holguín identificado como René Javier.
Los demandantes calificaron la decisión como «clasista, exclusivista y contraria a derecho», al entender que segmenta a la sociedad en función del acceso a divisas. Los estudiantes argumentan que estas tarifas discriminan a quienes no tienen acceso a divisas, profundizando las desigualdades sociales y limitando el acceso a servicios esenciales como la educación y la información.
«Esta medida dolariza parcialmente las comunicaciones en Cuba y profundiza la brecha entre amplios sectores de nuestra sociedad», señala el documento. Además, rechazan rotundamente la oferta especial para estudiantes universitarios, calificándola de «clasista y contraria a derecho», ya que solo beneficia a quienes pueden costear servicios en divisas o recibir remesas desde el extranjero.
La demanda también se apoya en argumentos constitucionales, señalando que las nuevas tarifas violan principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República de Cuba. Los estudiantes invocaron los artículos 1, 42, 54 y 61 de la Constitución de 2019, que protegen el derecho a la igualdad, la educación y la libertad de comunicación, así como los artículos 384.1 y 385.1 del Código Penal (Ley 151/2022).
La demanda también señala violaciones al derecho al teletrabajo y a la libertad de expresión en línea. «Los estudiantes mismos que se encuentran vinculados a los medios oficiales de Radio, Prensa o Televisión (…) son severamente afectados por las limitaciones que representa la medida», argumentan.
En un tono desafiante, los estudiantes advirtieron: «Rechazamos y denunciamos públicamente con acción penal exigible a cualquier institución o funcionario público que tome como objeto de coacción, detención, acoso, separación o sanción institucional sobre cualquier estudiante, docente o trabajador que tenga participación directa o indirecta en protestas pacíficas». Esta declaración representa una advertencia clara de que cualquier intento de represión será considerado un acto penalizable y contrario a la ley.
En el cierre del documento, los estudiantes manifiestan que, una vez hecha pública la demanda, se niegan a recibir el apoyo de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), a las que acusan de no representar verdaderamente sus intereses. Esta postura marca una ruptura significativa con las organizaciones estudiantiles tradicionales del sistema cubano.
Este movimiento estudiantil ha generado un fuerte impacto entre académicos, juristas y activistas dentro y fuera de Cuba, siendo respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil. En respuesta a las protestas, el gobierno cubano ha intentado minimizar el descontento, atribuyendo las declaraciones cívicas a injerencia externa. Sin embargo, los estudiantes continúan en huelga, recibiendo el respaldo de otros cubanos dentro y fuera de la isla.
Al compartir la demanda en Facebook, René Javier afirmó: «La carrera de Derecho de la Universidad de Holguín hace pública la presente demanda a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, por las medidas aplicadas unilateralmente el pasado 30 de mayo del presente año». «Todo jurista ya formado o en formación tiene el deber de librar batalla contra tres gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia», concluyó.
Esta demanda marca un antes y un después en la relación entre la juventud universitaria y el poder, marcando un precedente muy importante para el uso del marco legal para reclamar derechos y exigir cambios estructurales en la sociedad.
A continuación reproducimos capturas de pantalla de la demanda publicada:
Be the first to comment