En un nuevo paso hacia la consolidación del control estatal absoluto sobre las comunicaciones en Cuba, el régimen castrista oficializó la prolongación del monopolio de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) hasta el año 2036, con posibilidad de extenderlo hasta 2066. El Decreto 124/2025, publicado en la Gaceta Oficial, no solo perpetúa la exclusividad de ETECSA, sino que refuerza el uso político de las telecomunicaciones como instrumento de vigilancia, censura y represión sobre los ciudadanos.
Bajo este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, ETECSA conservará la exclusividad en los servicios públicos de telefonía fija, móvil, transmisión de datos e Internet. El texto establece que la concesión podrá prorrogarse por dos períodos adicionales de 15 años cada uno, si la empresa estatal lo solicita a tiempo y el gobierno considera que ha cumplido, aunque no se especifican criterios técnicos ni se contempla evaluación ciudadana alguna.
Este blindaje legal reafirma el carácter monopólico de ETECSA, una empresa que actúa como brazo tecnológico del régimen cubano, subordinada a las prioridades del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. La normativa obliga expresamente a la empresa a priorizar los servicios para estas instituciones represivas, confirmando que el acceso ciudadano a las telecomunicaciones continúa subordinado a los intereses del aparato de control estatal.
El nuevo decreto mantiene el control centralizado sobre las tarifas: ETECSA no podrá modificarlas sin autorización del Ministerio de Comunicaciones o del Ministerio de Finanzas y Precios. A su vez, se excluye de manera explícita la participación de operadores privados o extranjeros que pudieran ofrecer competencia real o acceso más asequible. Ninguna alternativa será legal mientras el monopolio permanezca intacto.
Lejos de mejorar los servicios, la perpetuación de ETECSA ha significado décadas de lentitud, desconexiones constantes, tarifas prohibitivas y censura estructural. La empresa es blanco habitual de críticas por los altos costos de llamadas internacionales, los precios abusivos del acceso a Internet, y la calidad deficiente de sus servicios móviles. La etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet sigue siendo tendencia entre los cubanos que, desde dentro y fuera de la isla, denuncian el carácter excluyente de una conexión que, además de cara, es constantemente monitoreada y manipulada.
En un contexto económico desesperante, ETECSA alega no tener fondos para modernizar su infraestructura, pero eso no ha impedido que el régimen invierta recursos en censura, apagones digitales y bloqueos de plataformas. Las autoridades culpan a la población por la mala calidad del servicio: vandalismo, uso de equipos no autorizados y el “peligro” del acceso satelital a través de Starlink son las excusas habituales para justificar las interrupciones.
Mientras tanto, miles de cubanos siguen recurriendo a soluciones caseras —antenas artesanales, conexiones compartidas, túneles VPN— para intentar acceder a contenidos básicos o hacer una videollamada sin que se congele la imagen.
La normativa no contempla licencias alternativas ni mecanismos de revisión pública de tarifas. Incluso, si ETECSA incumple, el Estado se reserva el derecho de negar las prórrogas de concesión sin establecer parámetros objetivos. Los ciudadanos no tienen forma de incidir en las decisiones que afectan su acceso a la información y su derecho a comunicarse libremente.
Al extender este monopolio hasta 2066, el régimen cubano no solo congela el desarrollo del sector, sino que lo encadena a un modelo de dependencia y obediencia política. ETECSA no es solo una empresa de telecomunicaciones: es el nodo central de un sistema que prioriza el control sobre el bienestar, la vigilancia sobre la conectividad y el silencio sobre la verdad.
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