Las autoridades han anunciado la finalización del proceso de excarcelación anticipada iniciado el pasado 14 de enero, que, según cifras oficiales, benefició a 553 personas condenadas por diversos delitos. Así lo confirmó Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, en una entrevista transmitida por la televisión estatal.
Sosa Ravelo detalló que en enero se presentaron 378 solicitudes de excarcelación al Tribunal, mientras que en febrero se sumaron 175, completando el total de 553 liberaciones. No obstante, aunque el régimen intenta presentar esto como un gesto humanitario, un análisis más profundo revela una estrategia calculada para manipular la percepción internacional.
Las personas excarceladas no han recibido una libertad plena. Cada liberado ha sido notificado sobre las restricciones y prohibiciones impuestas a su sanción, incluyendo la obligación de comparecer periódicamente ante jueces de ejecución. Este mecanismo mantiene el control del régimen sobre ellos, permitiéndole revocar el beneficio y encarcelarlos nuevamente si considera que han violado alguna de las condiciones impuestas.
El periodista independiente José Raúl Gallego denunció en redes sociales que, de los 553 liberados, solo alrededor de 200 serían presos políticos, mientras que el resto serían reclusos comunes. Esta afirmación coincide con el patrón del régimen cubano de diluir la cifra de prisioneros políticos dentro de un grupo mayor de reos comunes, lo que reduce el impacto real de la medida.
Además, Gallego advirtió que más de 900 presos políticos siguen encarcelados en la isla y que el régimen sigue fabricando nuevos casos para reprimir a la disidencia. “Los presos políticos van a salir cuando el pueblo los saque de las cárceles. No hay otra vía”, señaló en su publicación.
Las excarcelaciones han estado envueltas en negociaciones con El Vaticano y Estados Unidos. En enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) aseguró que los liberados eran personas sancionadas por diversos delitos, sin hacer mención a prisioneros políticos. Sin embargo, la administración de Joe Biden indicó que la medida formaba parte de un acuerdo entre el Gobierno cubano, la Iglesia Católica y Estados Unidos.
El anuncio de estas liberaciones coincidió con reportes de que Washington estaba considerando retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspender temporalmente el Título III de la Ley Helms-Burton. No obstante, el régimen ha evitado confirmar cualquier vínculo entre las excarcelaciones y posibles concesiones diplomáticas.
A pesar de la magnitud del anuncio, el Gobierno cubano no ha publicado una lista oficial de los beneficiados, lo que ha generado incertidumbre y ha complicado el seguimiento del proceso por parte de organizaciones de derechos humanos. Justicia 11J ha documentado que muchas de las excarcelaciones incluyen a personas que ya estaban en sus hogares bajo licencias extrapenales o que cumplían condenas por delitos comunes, en lugar de representar una liberación significativa de presos políticos.
Las condiciones impuestas a los liberados, sumadas a la falta de transparencia en el proceso, dejan en evidencia que el régimen cubano sigue utilizando la excarcelación como una herramienta de manipulación política.
Las autoridades han mantenido en la incertidumbre a muchas familias, que desconocen si sus seres queridos serán liberados y bajo qué condiciones. Según Justicia 11J, este clima de opacidad es una táctica deliberada del régimen para mantener el control sobre la narrativa y reducir la presión internacional.
Be the first to comment