Expiloto cubano se declara no culpable en caso Hermanos al Rescate

El expiloto de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez se declaró no culpable ante un tribunal federal de Miami del cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, en el proceso judicial relacionado con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que el único cargo que enfrenta podría acarrearle una condena de cadena perpetua y una multa de hasta 250.000 dólares. El acusado compareció bajo custodia federal y el tribunal le asignó un abogado de oficio al determinar que carece de recursos económicos para costear su defensa.

El proceso forma parte de la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra seis exfuncionarios y militares del régimen cubano por su presunta participación en la operación que culminó con el derribo de dos aeronaves civiles sobre aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.

Según el expediente judicial, González-Pardo Rodríguez no enfrenta cargos por ejecutar directamente el ataque, sino por integrar la presunta conspiración. La acusación sostiene que permanecía listo para despegar en un avión MiG, escuchó por radio las órdenes que autorizaron el derribo y posteriormente participó en la persecución de una tercera aeronave de Hermanos al Rescate que logró escapar.

El ataque provocó la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, un hecho que desencadenó una fuerte condena internacional y motivó la aprobación de la Resolución 1067 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Antes de este proceso, González-Pardo Rodríguez ya había sido condenado en otro caso relacionado con fraude migratorio, después de que las autoridades estadounidenses lo acusaran de ocultar su historial militar al tramitar beneficios migratorios.

La declaración de no culpabilidad constituye un paso habitual al inicio de un proceso penal en Estados Unidos y permite que el caso continúe hacia las siguientes fases judiciales, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas que sustenten la acusación.

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