La Seguridad del Estado volvió a poner en la mira al exprisionero político Andy García Lorenzo. Durante una citación realizada en Villa Clara, agentes del régimen le advirtieron que podría enfrentar condenas de entre 10 y 30 años de prisión, e incluso la pena de muerte, si difundía imágenes o información relacionada con instalaciones militares en Cuba.
Según relató el activista, la comparecencia estuvo a cargo de oficiales de la Unidad de Delitos Contra la Seguridad del Estado, quienes le comunicaron que sus publicaciones habituales sobre la crisis económica, los apagones y las protestas sociales no constituían el motivo principal del encuentro. En cambio, centraron la conversación en una supuesta prohibición de divulgar contenido vinculado con objetivos militares.
Los oficiales intentaron que García Lorenzo firmara un documento comprometiéndose a no publicar ese tipo de material. El opositor rechazó hacerlo al sostener que nunca ha difundido información de esa naturaleza y que no aceptaría reconocer una conducta que no ha cometido.
Durante el interrogatorio, los agentes también hicieron referencia a la visita que recibió de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, dejando entrever que desde entonces permanece bajo una vigilancia más estrecha.
La organización Justicia 11J denunció que este tipo de citaciones forman parte de un patrón de hostigamiento contra antiguos presos políticos y activistas, al considerar que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Andy García Lorenzo recuperó la libertad en julio de 2025 tras cumplir íntegramente una condena de cuatro años upor participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santa Clara. Desde entonces mantiene una activa denuncia de la represión y de la crisis que atraviesa Cuba.
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