Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Carlos Antonio Lloga, un ciudadano cubano residente en el país al que vinculan con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organización señalada por Washington como un instrumento de influencia política del régimen castrista en el exterior. La medida también alcanzó a su esposa y a su hijo, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
Según el Departamento de Estado, Lloga habría trabajado durante más de diez años para el ICAP, institución que Estados Unidos identifica como una plataforma utilizada por el régimen para desarrollar actividades de influencia e inteligencia fuera de la isla. Las autoridades indicaron que los tres permanecen bajo custodia federal mientras avanza el proceso para su expulsión del país.
Rubio confirmó la decisión a través de la red social X y aseguró que el caso forma parte de una estrategia para enfrentar las operaciones del régimen cubano dentro del territorio estadounidense. En paralelo, el Departamento de Estado describió a Lloga como un «subversivo extranjero» que colaboró durante más de una década con esa estructura vinculada a La Habana.
El expediente también vuelve a poner el foco sobre el propio ICAP. Aunque la organización se presenta oficialmente como una entidad dedicada a fortalecer la solidaridad internacional con Cuba, Washington sostiene que mantiene estrechos vínculos con los servicios de inteligencia del régimen y que ha servido durante años como plataforma para actividades políticas e influencia en el extranjero.
Entre los elementos que refuerzan esa acusación figura la trayectoria de Fernando González Llort, actual presidente del ICAP. González integró la llamada Red Avispa y fue condenado en Estados Unidos por espionaje, cumpliendo una pena de 15 años de prisión antes de regresar a Cuba como parte de un intercambio de prisioneros.
Como parte de las medidas adoptadas, Estados Unidos anunció sanciones contra el ICAP que incluyen la congelación de bienes o intereses bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para acceder al sistema financiero y realizar operaciones comerciales en el país. La decisión se enmarca en una política de mayor presión contra las estructuras que Washington considera parte del aparato de influencia del régimen castrista.
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