Yoan De la Cruz, el joven que transmitió en vivo las primeras imágenes del estallido del 11 de julio en Cuba, cumple dos meses detenido bajo custodia de la Seguridad del Estado y en condiciones que su familia describe como inhumanas. A días del quinto aniversario de aquellas protestas, el régimen lo mantiene en el llamado Técnico de Guanajay mientras avanza un expediente opaco por un supuesto caso de “tráfico de divisas”.
La detención de De la Cruz vuelve a dejar al descubierto el método habitual del castrismo: castigar a quienes rompieron el cerco informativo y después envolverlos en procesos cerrados, sin transparencia y con la presión de siempre sobre la familia. Su madre, Maribel Cruz, denunció que el muchacho permanece en una celda donde el calor, los apagones, los mosquitos y las chinches hacen la vida insoportable. Él mismo, según contó, ha llegado a decirle que prefiere una prisión antes que ese encierro previo al juicio.
El arresto ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando agentes de la policía política y la PNR irrumpieron en su casa de San Antonio de los Baños. Durante el operativo se llevaron computadoras, teléfonos familiares, dinero y objetos personales. La familia solo puede verlo dos veces por semana, media hora cada vez, un régimen de visitas que agrava la angustia y confirma el margen mínimo que el aparato represivo concede a los suyos.
El caso ha causado extrañeza en la comunidad. La acusación de “tráfico de divisas” choca con una realidad que todos conocen en la isla: la entrega informal de remesas se ha vuelto una práctica cotidiana en medio de la crisis. Cruz insiste en que su hijo solo repartía dinero enviado desde Estados Unidos a personas y familias de la zona, y que el ensañamiento responde a su protagonismo en el 11J, cuando se convirtió en una de las primeras ventanas al país que el régimen quiso ocultar.
Hoy De la Cruz sigue en prisión preventiva y con la amenaza de ser trasladado a Melena del Sur, el mismo centro donde cumplió parte de la condena que recibió tras las protestas de 2021. Entonces fue sancionado a seis años de cárcel y, después de una apelación en mayo de 2022, la pena quedó reducida a cinco años de prisión sin internamiento. Su nueva detención reabre la misma herida: la del cubano castigado por enseñar lo que el poder no tolera y perseguido después por un sistema judicial que no ofrece respuestas ni frena la arbitrariedad de la Fiscalía.
La defensa ha intentado mover su situación penal sin éxito. Los cambios de medida cautelar han sido rechazados de forma sistemática y la abogada presentó un control judicial que tampoco ha recibido respuesta. Ese silencio confirma la lógica de una justicia subordinada al régimen, incapaz de proteger al ciudadano cuando el expediente toca a un preso del 11J. En Cuba, la represión también pasa por el expediente, la celda miserable y la demora calculada.
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