La dictadura cubana llega al quinto aniversario del 11J con una cifra que desnuda su método de control: 1.306 presos políticos y 40 menores de edad detenidos por motivos políticos al cierre de junio, según el informe mensual de Prisoners Defenders. La organización llamó la atención sobre un récord aún más brutal: por primera vez documentó 40 casos de personas arrestadas cuando eran menores, 16 de ellas todavía en prisiones y centros destinados a adultos.
El dato no cae en el vacío. Aparece a dos días del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la mayor sacudida ciudadana que ha enfrentado el régimen desde 1959, y confirma que La Habana sigue respondiendo con cárcel, hostigamiento y castigo ejemplarizante ante cualquier brote de inconformidad. Junio dejó además 32 nuevos casos verificados y otros 21 en investigación, una señal de que la represión sigue engordando mientras el país se hunde en la miseria y el miedo.
Prisoners Defenders describió un patrón cada vez más selectivo. Ya no solo golpea a manifestantes o activistas visibles; también cae sobre periodistas, youtubers, raperos, pastores evangélicos, médicos, ex presos del 11J y jóvenes con capacidad de influir en su entorno. El objetivo es claro: cerrar el paso a cualquier intento de organización social justo cuando se acercaba una fecha simbólica que el poder teme porque recuerda la protesta más grande contra su permanencia.
Entre los casos más graves están los de Eduardo Ceballos Pérez, “Eddy Jones”, y Christian Rodríguez Riverón, creadores del canal Despingovery Channel. Ambos fueron arrestados por publicar videos sobre instalaciones militares abandonadas y en ruinas, y el régimen los procesó por “Espionaje” o “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”, cargos que pueden llevar hasta penas extremas. Ceballos fue llevado al Combinado del Este e incomunicado; Rodríguez Riverón fue detenido al acudir a una citación policial, sin orden judicial.
La represión también volvió a cebarse en los barrios donde la desesperación por los apagones y la crisis económica empuja a la gente a salir a la calle. En el reparto Barbosa, en La Habana, las protestas de la segunda quincena de junio terminaron con nuevas detenciones, entre ellas la del rapero y activista Andrés Matos Alcántara, “MC K-LIBRE”. El régimen lo acusó de liderar los cacerolazos, aunque su familia y testigos aseguran que solo pasó por el lugar unos minutos. Durante días ocultó su paradero, lo que obligó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a activar una Acción Urgente. Luego fue trasladado a Valle Grande, pese a padecer EPOC y diabetes tipo 1.
En esa misma protesta, los hermanos Yoan y Yosban Arévalo Álvarez fueron detenidos sin orden de arresto y, según allegados, golpeados durante la captura. Yoan terminó con fracturas en las costillas, una herida en el pecho y lesiones en los pies, sin recibir atención médica. En Contramaestre, una redada en La Cuba y Maffo añadió otros 10 presos políticos muy jóvenes, entre ellos seis adolescentes de 15 a 17 años. La escena confirma el nivel de brutalidad con que el régimen intenta sofocar hasta la protesta más local.
El informe también expone el costo físico de esta política represiva. De los 1.306 presos políticos, 458 padecen enfermedades graves o crónicas, y 53 arrastran trastornos severos de salud mental previos a la detención. La privación deliberada de atención médica aparece como un arma de castigo. Carlos Alberto MacDonald Ennis salió de prisión provisional tras más de dos años con un tumor maxilar sin tratar y apenas 48 kilogramos de peso. Juan Enrique Pérez Sánchez, preso por el 11J, contrajo tuberculosis en prisión y presenta desnutrición severa, trastornos neurológicos y crisis de asma. Rolando Yusef Pérez Morera muestra un deterioro extremo por desnutrición después de cumplir condena por su activismo.
A horas del aniversario del 11J, el régimen volvió a desplegar hostigamiento contra activistas y opositores para impedir su presencia en actos públicos. Hubo cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y traslados forzosos. José Elías González Agüero y el ex preso político Alexander Díaz Rodríguez fueron sacados esposados hacia una zona boscosa, obligados a desnudarse y fotografiados en esa condición. González Agüero denunció que le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que lo matarían allí mismo, mientras simulaban disparos. Díaz Rodríguez, gravemente enfermo al salir de prisión, fue golpeado y humillado de nuevo.
El caso del pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo resume otra arista del castigo político en Cuba: la persecución contra quien se atreve a alzar la voz ante la represión vecinal. Fue detenido en Regla tras increpar a funcionarios que dispersaban una protesta por apagones y falta de agua. Días después seguía con pérdida de peso, pies hinchados y dolores agravados por una artritis reumatoide sin tratamiento.
Prisoners Defenders también apunta a la pasividad de gobiernos democráticos que, con su silencio, le dejan espacio al régimen para seguir apretando la tuerca. La organización citó a España, la Comisión Europea y Canadá entre los actores que no sostienen una defensa pública y constante de las nuevas víctimas. En los últimos 12 meses, la lista sumó 264 presos políticos nuevos. Y Cuba quedó otra vez retratada como un caso extremo: 193 de las 194 acciones urgentes por desaparición forzada presentadas ante Naciones Unidas salieron de la isla por obra del propio aparato estatal.
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