El régimen mantienen bajo arresto a diez ciudadanos panameños acusados de propaganda contra el orden constitucional, tras la aparición de carteles críticos al Gobierno en varios puntos de La Habana. La detención fue confirmada por el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), que sostiene que los extranjeros estarían vinculados con la colocación de los mensajes.
Las consignas comenzaron a verse el 28 de febrero en zonas como Boyeros y Jaimanitas. Entre ellas figuraban frases como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, además de un cartel que expresaba apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, al senador Marco Rubio y al jefe de misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Algunos mensajes incluían las siglas del Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas (CDPC), entidad que negó cualquier participación.
La versión oficial indica que los detenidos habrían actuado a cambio de pagos prometidos de entre 1.000 y 1.500 dólares. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que vinculen directamente a los panameños con la elaboración material de los carteles.
Un elemento adicional introduce interrogantes sobre el caso. Un video que acompaña este reportaje muestra a varios de los ciudadanos panameños trasladando paquetes y suministros en vehículos por distintas zonas urbanas de la isla. En las imágenes se observa la distribución rápida de ayuda a residentes y la posterior retirada ante la presencia de fuerzas de seguridad. De confirmarse la autenticidad del material audiovisual, la hipótesis de que los detenidos estuvieran realizando labores de asistencia humanitaria de forma clandestina —y no actividades propagandísticas— adquiere relevancia y exigiría una investigación independiente.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial que respalde esa versión alternativa. Tampoco se ha determinado quiénes fueron los autores materiales de los carteles, cuya aparición coincide con un contexto de creciente malestar social y crisis económica.
El Gobierno de Panamá reconoció la detención y anunció gestiones diplomáticas para conocer la situación jurídica de sus nacionales y garantizar el respeto a sus derechos. La Cancillería panameña informó que actúa dentro del marco del derecho internacional y en comunicación con las autoridades cubanas.
Mientras no se presenten pruebas verificables ante la opinión pública, el caso permanece abierto a interpretaciones opuestas: la acusación formal de propaganda subversiva por parte del Estado cubano y la posibilidad —sugerida por el material audiovisual disponible— de que los detenidos estuvieran implicados en la distribución de ayuda en un país marcado por la escasez y la precariedad.
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