Abel Prieto volvió a descalificar a los cubanos que salieron a la calle el 11 de julio de 2021 al llamarlos “gente pagada y personas confundidas”, mientras atribuyó las protestas a la supuesta “mafia de Miami”. A cinco años de aquellas jornadas, la reacción confirma que el régimen sigue aferrado a la misma coartada para no reconocer el reclamo de libertad que recorrió el país.
La frase importa porque vuelve a poner sobre la mesa la respuesta política del castrismo frente al estallido social más grande de las últimas décadas: negar la protesta, reducirla a manipulación externa y borrar el malestar que la hizo posible. En vez de admitir que miles de cubanos salieron hartos de la escasez, los apagones, la represión y la asfixia cotidiana, el oficialismo insiste en disfrazar de conspiración lo que fue una expresión directa de cansancio nacional.
Prieto, una de las figuras más visibles del aparato cultural del poder, terminó hablando como portavoz de esa narrativa. Su lenguaje no deja espacio para la autocrítica ni para la más mínima lectura honesta de lo ocurrido. El mensaje es claro: el régimen no acepta que el 11J fue una protesta contra su fracaso y prefiere seguir atacando a quienes exigieron libertad antes que mirar de frente las causas que empujaron a tanta gente a la calle.
Ese empeño tiene consecuencias políticas y humanas. Cada vez que el poder repite que los manifestantes fueron pagados o confundidos, refuerza su desprecio por la ciudadanía y confirma que sigue sin reconocer la legitimidad del reclamo popular. El 11J quedó como una advertencia para la dictadura y como una prueba de que, cuando la realidad aprieta, la propaganda vuelve a quedarse corta.
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