El gobierno cubano anunció la apertura de 50 nuevas tiendas en dólares, profundizando la dolarización de la economía en medio de una severa crisis monetaria. La viceministra de Comercio Interior, Aracelys Cardoso, confirmó la medida mientras reconocía la «oferta deficiente en moneda nacional» que afecta al país.
El plan incluye la participación de empresas mixtas como AlmaCaribe S.A. y Mercalhabana, junto con 15 negocios ya aprobados: una asociación económica internacional, tres comercios mayoristas, cinco empresas mixtas y ocho entidades extranjeras no especificadas.
El economista Miguel Alejandro Hayes advierte que esta medida está diseñada para «recoger dólares de una manera mucho más avanzada», permitiendo al conglomerado militar GAESA convertir remesas en capital sin intermediación bancaria tradicional.
Por su parte, el economista Pedro Monreal criticó duramente la iniciativa en redes sociales, calificándola como «una nueva vuelta de tuerca a la dolarización» que «segmenta mercados, debilita la política monetaria y favorece desigualdades».
El activista Guillermo del Sol señaló que estas tiendas solo beneficiarán a una élite privilegiada, incluyendo altos mandos militares y gubernamentales, mientras que el cubano promedio quedará excluido. Vladimir Ríos Cruz advierte que esta medida fortalece el control estatal sobre la sociedad a través del monopolio de las divisas.
La medida forma parte del nuevo «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2025», aunque los expertos critican la falta de detalles concretos y métricas de evaluación en el plan. Orlando Freyre Santana, economista habanero, anticipa que estas medidas no resolverán la devaluación del peso cubano, sino que «aumentarán las penurias y dificultades» de la población.
Los economistas señalan que el programa no aborda el empobrecimiento masivo de la población, ignora la alta desigualdad social existente, carece de indicadores de seguimiento claros y no presenta soluciones para los salarios y pensiones en moneda nacional.
La dolarización parcial de la economía cubana representa otro intento del régimen por captar divisas mientras evita reformas estructurales necesarias, profundizando la brecha social y económica en la isla.
Pedro Monreal concluye que «la captación interna de divisas no requiere comercio interno dolarizado» y que esta medida es «una opción, no una necesidad», sugiriendo que existen alternativas menos perjudiciales para la población.
Esta política económica refleja la desesperación del régimen por obtener divisas, sin considerar su impacto en la ya deteriorada calidad de vida del ciudadano común, quien continúa enfrentando severas dificultades económicas con un peso cubano cada vez más devaluado.
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