En un movimiento que refleja la creciente centralización del control estatal en Cuba, el régimen ha transferido la responsabilidad de legalización de documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) al Ministerio de Justicia (Minjus). Esta decisión, presentada bajo el eufemismo de «optimización», representa otro eslabón en la cadena de control burocrático que asfixia las libertades individuales de los cubanos.
El traslado de funciones al Minjus, lejos de simplificar procesos, amenaza con agravar la ya crítica situación de los trámites documentales en la isla. Los testimonios de ciudadanos cubanos son reveladores: donde el Minrex demoraba 10 días, el sistema judicial puede tardar hasta 25, con documentos entregados en condiciones deplorables. Esta realidad contradice frontalmente la narrativa oficial que presume de procesar «hasta 8,000 documentos diarios».
La verdadera naturaleza de esta medida se hace evidente al analizar el contexto: en medio del mayor éxodo migratorio en décadas, el régimen castrista opta por aumentar las trabas burocráticas. No es casualidad que este cambio ocurra cuando cientos de miles de cubanos buscan escapar de la opresión socialista, ya sea hacia Estados Unidos o aprovechando la Ley de Nietos española.
El sistema judicial cubano, lejos de ser un garante de derechos, se ha convertido en un mecanismo más de control social. La existencia de «tramitadores» y la necesidad de «conocer a alguien» para agilizar procesos revela la podredumbre institucional del sistema. Como señala el asesor académico Francisco Díaz, «si no pagas o conoces a alguien, te pasas la vida esperando» – una máxima que resume la degradación moral del aparato estatal cubano.
Esta nueva medida afecta especialmente a los cubanos de provincia, quienes enfrentan una odisea burocrática. Los documentos deben pasar por múltiples organismos antes de llegar a La Habana, creando lo que los ciudadanos describen como una «espera eterna». Es particularmente cruel para quienes buscan reunificación familiar o mejores oportunidades educativas en el extranjero.
La transferencia de la legalización de documentos al Minjus ejemplifica la naturaleza del régimen cubano: un sistema que prioriza el control sobre el servicio al ciudadano. Mientras el gobierno habla de «optimización», la realidad muestra un endurecimiento del control estatal sobre la vida de los cubanos, especialmente aquellos que buscan ejercer su derecho fundamental a la libre movilidad.
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