El rapero y preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay después de permanecer varias horas en paradero desconocido tras ser sacado del penal Kilo 8, en Pinar del Río. El procedimiento volvió a poner bajo escrutinio la práctica del régimen de mover a opositores encarcelados sin informar previamente a sus familiares ni ofrecer explicaciones sobre su ubicación.
La activista y curadora de arte Anamely Ramos confirmó que Osorbo logró comunicarse telefónicamente para informar que ya se encontraba en Guanajay. En un mensaje publicado en redes sociales describió el proceder de las autoridades como “macabro”, reflejando la incertidumbre que rodeó el traslado y la falta de información oficial durante varias horas.
La situación adquiere una dimensión mayor porque, pocos días antes, el artista Luis Manuel Otero Alcántara también fue sacado de esa misma prisión y continúa sin conocerse públicamente su paradero. El Observatorio de Derechos Culturales señaló que la familia de Osorbo supo de su destino inicialmente gracias al aviso de otro recluso y no mediante una comunicación de las autoridades penitenciarias.
La organización denunció la ausencia de notificación oficial y advirtió que estos movimientos deben analizarse en el contexto del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Para el Observatorio, la opacidad con la que se ejecutan estos traslados incrementa la presión sobre los presos políticos y sus familiares en fechas especialmente sensibles para el régimen.
Maykel Osorbo fue arrestado en mayo de 2021 y, un año después, condenado a nueve años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y ha denunciado las irregularidades y la falta de garantías que marcaron su proceso judicial.
El traslado a Guanajay vuelve a colocar el foco sobre las condiciones en que permanecen encarcelados numerosos opositores cubanos. Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que cualquier negociación o acercamiento diplomático con el régimen debe incluir la situación de los presos políticos y exigir garantías para sus derechos fundamentales.
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