Yunaykis Linares Rodríguez, presa política excarcelada después de su condena por las protestas del 11 de julio de 2021, volvió a caer en manos de la policía en Santa Amalia, Arroyo Naranjo, y salió de esa detención con una denuncia directa: fue golpeada, asfixiada y llevada al calabozo sin asistencia médica ni agua.
La nueva represión ocurrió durante una protesta espontánea en ese barrio de La Habana, donde vecinos salieron a la calle porque, según la activista Anamely Ramos, ya estaban “al límite de lo humano”. La respuesta del régimen fue la de siempre: fuerza, arrestos y castigo contra cualquiera que se mueva fuera del control oficial.
Ramos relató además que la violencia alcanzó a la familia de Yunaykis, sin respeto siquiera por la presencia de niños pequeños. Los menores, dijo, gritaban que estaban matando a su hermana. Esa escena resume el deterioro moral de un aparato represivo que actúa con brutalidad delante de niños y luego pretende normalizarlo como si fuera orden público.
Desde el calabozo conocido como El Capri, Yunaykis logró grabar un video en el que dejó su testimonio: “Estoy golpeada, me asfixiaron, el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme. Mi nombre es Yunaykis Linares Rodríguez, presa política por el 11J y excarcelada”. También denunció que le negaron agua y atención médica, y que la tenían en un calabozo con hombres.
La denuncia es grave por lo que cuenta y por quién la cuenta. Yunaykis tenía 24 años cuando fue arrestada en 2021. La fiscalía pidió para ella 17 años de cárcel por desorden público, atentado, daños y sedición; al final recibió ocho años. Su excarcelación en 2025 llegó como parte de liberaciones parciales vinculadas a presión internacional, incluido un acuerdo con la Santa Sede anunciado en marzo de 2026.
Su caso confirma un patrón que el régimen insiste en maquillar: varios excarcelados del 11J han vuelto a ser detenidos por escribir en redes, protestar o romper el silencio impuesto. La salida de prisión no significa libertad real cuando el Estado mantiene la vigilancia, el hostigamiento y la amenaza de regresar a cualquiera al castigo carcelario.
El cuadro represivo en Cuba sigue empeorando. Prisoners Defenders reportó en mayo de 2026 un récord absoluto de 1,260 presos políticos, con denuncias de torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte dentro del sistema penitenciario. Justicia 11J informó en abril de ese mismo año que al menos 760 presos políticos seguían encarcelados, pese a las excarcelaciones parciales que el régimen presentó como apertura.
La denuncia de Anamely Ramos, residente en Nueva York desde 2022 después de ser impedida de regresar a Cuba, puso el dedo en la llaga: “La gente ya no puede más. No pueden matar a la gente así y encima pretender que mueran en silencio”. Esa frase retrata la esencia del poder en Cuba: represión para callar, violencia para intimidar y propaganda para encubrir lo que ocurre en los calabozos.
Sé el primero en comentar