La escasez de agua dentro de la prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas, desencadenó una protesta de reclusos que terminó con denuncias de violencia por parte de las autoridades penitenciarias y nuevas represalias contra un preso político, según relataron familiares de los internos afectados.
Entre los sancionados figura José Antonio Pompa López, integrante del movimiento Cuba Primero, quien actualmente cumple una condena de ocho años de prisión. De acuerdo con denuncias de sus allegados, fue trasladado a una celda de castigo tras los incidentes y podría enfrentar nuevas acusaciones dentro del propio sistema penitenciario.
Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes en uno de los colectivos de la cárcel de Agüica, ubicada en el municipio de Colón. Según la información transmitida a familiares desde el interior del penal, los reclusos llevaban horas sin recibir agua y reclamaron una solución inmediata ante una situación que calificaron de insostenible.
La respuesta de las autoridades habría provocado un aumento de la tensión dentro del establecimiento. Testimonios obtenidos por familiares aseguran que varios internos comenzaron a protestar mediante gritos y golpes contra las rejas para exigir el restablecimiento del servicio.
Posteriormente, funcionarios penitenciarios intervinieron para sofocar la protesta. Familiares de los reclusos denunciaron el uso de la fuerza contra varios presos y señalaron que Pompa López fue identificado como supuesto promotor de la manifestación.
La esposa del opositor, Suarmi Hernández Vilar, expresó preocupación por la situación de su esposo y advirtió sobre la posibilidad de que las autoridades intenten abrir un nuevo expediente penal en su contra como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en el penal.
El caso vuelve a poner atención sobre las condiciones que enfrentan miles de reclusos en las cárceles cubanas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente problemas relacionados con el hacinamiento, el deterioro de la infraestructura, la escasez de alimentos, las limitaciones en la atención médica y las dificultades para acceder a agua potable.
La falta de transparencia también ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, que durante años han cuestionado los obstáculos para supervisar de manera independiente la situación de los centros penitenciarios de la Isla.
Pompa López fue trasladado en noviembre de 2025 desde el Combinado del Este, en La Habana, hacia la prisión de Agüica. Activistas y familiares sostienen que este tipo de traslados a centros alejados del lugar de residencia constituye una práctica frecuente utilizada para dificultar el contacto entre los presos políticos y sus familiares.
Las denuncias sobre lo ocurrido en Agüica se suman a una larga lista de reportes sobre abusos, carencias materiales y represalias dentro del sistema penitenciario cubano, un tema que continúa generando preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de los reclusos.
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