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La Central de Trabajadores de Cuba abrió su XXII congreso con una agenda que deja al descubierto el papel subordinado del sindicato único dentro del andamiaje del poder. En vez de actuar como voz de los trabajadores, la CTC se sentó a analizar cómo apoyar la ejecución del paquete de 176 reformas aprobado por el régimen para intentar liberalizar y descentralizar una economía hundida por años de control político y mala administración.
La reunión tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana con 759 delegados, de ellos 561 por videoconferencia a causa de la crisis energética que golpea al país. En esa mesa aparecieron asuntos que describen la vida real del cubano: salario, productividad, atención a los jubilados, derechos laborales y la incorporación de los trabajadores privados al esquema sindical oficial. La escena confirma la precariedad económica y también la falta de independencia de una organización que opera dentro de la órbita del Partido Comunista.
El vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva, también a cargo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, defendió ante los sindicalistas el paquete de reformas y aseguró que no representa un giro neoliberal ni un retorno al capitalismo. Atribuyó las medidas al intento de responder a un escenario de aislamiento económico, comercial, bancario y financiero, el mismo argumento que el régimen repite cada vez que necesita justificar cambios tardíos frente al deterioro acumulado.
Las disposiciones publicadas incluyen la entrada de “nuevos actores” al turismo en “nuevas modalidades”, el fomento de la inversión extranjera directa, sobre todo para cubanos no residentes, y una ampliación del espacio para el sector privado. También prevén cambios en comercio exterior, sector inmobiliario, usufructo de la tierra, operaciones de cooperativas, financiamiento externo y apertura de cuentas bancarias en el exterior. Pérez-Oliva adelantó que parte de esas medidas se aplicará en los próximos treinta días, en áreas como energía, agricultura, precios, comercio, servicios y dolarización parcial de la economía.
La jornada incluyó además la presentación de las modificaciones al nuevo Código del Trabajo por el ministro Jesús Otamendiz, quien lo calificó de revolucionario, novedoso y actualizado. Entre las novedades figuran la incorporación excepcional de adolescentes de 15 a 18 años al empleo, el pluriempleo, el trabajo combinado y jornadas inferiores a ocho horas con remuneración proporcional. El régimen vende esos cambios como modernización, mientras el trabajador cubano sigue atrapado entre salarios insuficientes, precariedad y ausencia de libertad sindical.
El congreso también discutió la atención a los jubilados, la protección de los derechos laborales, el vínculo del sindicato con las comunidades y la sindicalización de los trabajadores del sector privado. La CTC agrupa actualmente 2.069.285 miembros, en su mayoría estatales, y ha servido históricamente como instrumento político del sistema, no como defensa real del trabajador frente al poder que lo controla.
La cita llega en medio de una crisis económica agravada desde mediados de 2024, marcada por la escasez de combustible y por nuevas sanciones externas que golpean sectores vitales y empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano. El régimen intenta presentar estas reformas como una salida, pero el fondo sigue intacto: economía asfixiada, control político absoluto y trabajadores sin capacidad para decidir su destino.
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