El régimen cubano presentó una amplia reforma tributaria que incrementa la presión fiscal sobre empresas y contribuyentes mediante la introducción gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), nuevas cargas impositivas y un mayor control sobre las operaciones económicas. Las medidas llegan en medio de una profunda crisis marcada por la inflación, la escasez de divisas y la caída de la producción nacional.
El paquete forma parte de las 176 medidas económicas y sociales expuestas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bajo el argumento de modernizar el sistema tributario, las autoridades buscan incrementar la recaudación y reforzar los mecanismos de supervisión sobre la actividad económica.
Uno de los cambios más relevantes será la implementación progresiva del IVA, un impuesto inexistente hasta ahora en el sistema tributario cubano bajo esta modalidad. Según explicó Miguel Díaz-Canel, el nuevo esquema utilizará créditos fiscales y facturación electrónica para evitar la denominada imposición en cascada, aunque también ampliará la capacidad del Estado para seguir cada operación comercial.
Las autoridades aseguraron que el impuesto comenzará aplicándose en determinadas cadenas de producción y consumo, mientras algunos bienes y servicios considerados esenciales mantendrán tipos reducidos. Sin embargo, la reforma se pone en marcha en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población.
Otro de los pilares del plan es la digitalización del sistema fiscal. La factura electrónica pasará a ser obligatoria de forma gradual y el régimen ofrecerá incentivos tributarios a quienes incrementen el uso de medios de pago bancarios, profundizando así el proceso de bancarización y la trazabilidad de las transacciones.
En el ámbito empresarial también se anuncian algunos incentivos, como una reducción parcial del impuesto sobre utilidades y beneficios específicos para determinadas actividades agrícolas. Al mismo tiempo, se eliminarán deducciones consideradas improcedentes y se establecerán nuevos gravámenes sobre empresas que acumulen pérdidas durante más de dos ejercicios fiscales consecutivos.
La reforma modifica además el impuesto sobre ingresos personales para adaptarlo al escenario inflacionario. El mínimo exento aumentará hasta equipararse al salario medio nacional previsto para finales de 2025 y la escala progresiva reducirá la cantidad de tramos tributarios. También regresará el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria concentrará parte de sus esfuerzos en los contribuyentes con mayores ingresos, mientras aumentarán varios gravámenes específicos, entre ellos los impuestos sobre transporte terrestre, embarcaciones, documentos, tributos ambientales y tasas relacionadas con publicidad comercial.
Las autoridades también anunciaron cambios en las tarifas arancelarias con el objetivo de favorecer la producción nacional y facilitar la importación de materias primas, equipamientos y tecnologías destinadas a proyectos de energías renovables.
Todas estas medidas llegan mientras el presupuesto estatal para 2026 prevé un déficit superior a los 74.000 millones de pesos, reflejo de la delicada situación financiera del Estado. En lugar de introducir reformas estructurales que impulsen la productividad y la inversión privada, el régimen apuesta nuevamente por aumentar la recaudación y ampliar el control sobre una economía cada vez más debilitada.
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