Estados Unidos sancionó al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), a RAFIN S.A. y a otras entidades ligadas a GAESA, el conglomerado militar que concentra buena parte del dinero, la logística y las operaciones sensibles del poder en Cuba. La medida golpea el corazón financiero del régimen y pone presión sobre los canales que sostienen su maquinaria económica mientras el país sigue hundido en la escasez.
El Departamento de Estado informó que las designaciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump, para sancionar a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba y con amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Washington apuntó así a la estructura que sostiene al aparato de control político de La Habana, no a un engranaje menor ni aislado.
El caso del BFI tiene un peso especial. Según la ficha oficial, esa institución fue absorbida por GAESA en 2016 y funciona como una pieza central en el movimiento de dinero con entidades extranjeras dentro y fuera de Cuba. Esa conexión explica por qué la sanción duele: toca uno de los canales por donde el régimen administra sus flujos financieros mientras el cubano de a pie sigue enfrentando el deterioro, la falta de divisas y la ausencia de respuestas reales.
RAFIN S.A. recibió el mismo castigo por operar en el sector de los servicios financieros y por actuar como componente clave de la gestión financiera de GAESA. Marco Rubio fue más lejos y describió a ese conglomerado como el “músculo financiero” detrás del aparato represivo del régimen, una frase que encaja con lo que la oposición cubana denuncia desde hace años: el dinero que entra al sistema sirve para blindar al poder, no para aliviar la vida de la gente.
La sanción también alcanzó a Almacenes Universales S.A. (AUSA), subsidiaria de GAESA dedicada a la logística, el almacenamiento, la manipulación y el transporte, incluidas actividades portuarias. El Departamento de Estado señaló que esa empresa controla el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, otro punto neurálgico del negocio estatal que opera fuera de cualquier escrutinio ciudadano.
El alcance de las medidas llegó además a GeoMinera S.A. y a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero. Washington las ubicó en el sector de los metales y la minería. En el caso de GeoMinera, dijo que se trata de una empresa estatal bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas que usa inversiones extranjeras para administrar activos minerales metálicos no vinculados al níquel en Cuba. Sobre Antillana, la ficha oficial la presentó como el mayor productor de acero bruto del país y señaló que ha atravesado un proceso reciente de modernización y expansión con entidades rusas.
Las sanciones llegaron también al entorno familiar del poder. El Departamento de Estado incluyó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada como familiar adulta de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia cubanos. Marco Rubio la señaló además como esposa de Castro Espín, una señal de que la red de privilegios alrededor del castrismo también quedó bajo el alcance de la medida.
La consecuencia práctica es inmediata: todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. El Departamento de Estado advirtió además que bancos, empresas e individuos extranjeros que hagan negocios con esos actores pueden quedar expuestos a sanciones.
Rubio pidió congelar de inmediato cualquier vínculo con esas entidades y advirtió que quien les preste servicios corre el riesgo de ser sancionado. Ese aviso toca de lleno la red de intermediarios que le permite al régimen mover dinero, esconder operaciones y sostener privilegios mientras la economía nacional se desgasta y el poder sigue protegiendo sus cajas fuertes antes que las necesidades del país.
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