La aparición de carteles y pintadas contra el régimen en Santa Clara y Contramaestre ha desencadenado una nueva ola de citaciones, interrogatorios y amenazas por parte de la Seguridad del Estado. La respuesta de las autoridades ha vuelto a centrarse en la vigilancia de familiares, activistas y residentes, en un intento por identificar a los responsables de las acciones de protesta.
Uno de los casos denunciados ocurrió en Santa Clara, donde Margarita Márquez Blanco fue citada a una unidad policial y sometida a un interrogatorio tras esperar varios minutos sin conocer el motivo de la convocatoria. La mujer, esposa y madrastra de Serguey Pozo Tagle y Yamislán Pozo Águila, ambos encarcelados desde febrero de 2025 por el lanzamiento de octavillas, aseguró que los agentes combinaron aparentes gestos de cordialidad con amenazas para obtener información.
Según su testimonio, las presiones buscan detener la aparición de nuevos mensajes contra el régimen que continúan apareciendo en distintos puntos de la ciudad. Márquez Blanco afirmó que las autoridades intentan identificar a quienes colocan los carteles mediante el hostigamiento a personas cercanas a los presos políticos.
El proceso judicial contra Serguey Pozo Tagle y su hijo continúa sin sentencia definitiva. La Fiscalía solicitó siete años de prisión para el primero y seis para el segundo por el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional. Aunque el juicio quedó concluso desde diciembre de 2025, el Tribunal Provincial de Villa Clara aún no ha emitido un fallo.
Situaciones similares también han sido reportadas en Contramaestre, donde vecinos aseguran que continúan apareciendo consignas escritas en paredes y espacios públicos con llamados al fin del dominio del Partido Comunista y a una transición política. Residentes describen un ambiente marcado por la presencia constante de agentes y la vigilancia sobre los barrios donde surgen estos mensajes.
La tensión coincide con un aumento de las manifestaciones de inconformidad en varias provincias del país. En Santiago de Cuba, protestas registradas durante junio estuvieron motivadas por la falta de electricidad, alimentos y libertades, mientras denunciantes reportaron actuaciones violentas de la policía contra manifestantes, incluyendo mujeres y menores de edad.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó durante junio un récord de grafitis y pintadas antigubernamentales, en un contexto de crisis económica, apagones prolongados y creciente malestar social. La persistencia de estas expresiones de protesta refleja un descontento que continúa extendiéndose pese al incremento de la vigilancia y las acciones represivas.
El hostigamiento a familiares de presos políticos muestra que la presión oficial ya no se limita a los tribunales o los centros penitenciarios. Las citaciones, interrogatorios y amenazas se han convertido en una herramienta utilizada para intimidar a personas vinculadas con el disenso y desalentar nuevas expresiones públicas de rechazo al régimen.
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