La venta de activos vinculados a GAESA en el Mariel volvió a dejar al descubierto la fragilidad del emporio militar que sostiene buena parte del poder económico del régimen. El traslado de empresas y negocios a otras manos, incluido el paso de la Terminal de Contenedores del Mariel a Coral Marítima S.A., confirma que el conglomerado está siendo empujado a mover fichas para protegerse de sanciones y de una ofensiva política que le aprieta cada vez más el cuello.
El economista Elías Amor interpreta esos movimientos como parte de una estrategia deliberada para golpear a GAESA donde más le duele: en su entramado empresarial. Su lectura apunta a un desmontaje gradual de activos que hasta ahora operaban bajo la marca del holding controlado por las Fuerzas Armadas, con traspasos que incluyen distribuidoras y otras operaciones del entorno del Mariel. La maniobra tiene un objetivo claro: sacar de la vista al ente sancionado sin tocar el verdadero centro de poder.
Eso revela una práctica vieja del régimen: cuando la presión externa aprieta, el aparato estatal cambia de rótulo, mueve firmas y usa ministerios civiles como pantalla, pero conserva intacto el control real. En vez de abrir la economía o transparentar sus finanzas, la cúpula militar reacomoda sus negocios para sobrevivir a las sanciones y seguir administrando la caja grande del país desde las sombras.
Amor sostiene que el golpe no se limita al Mariel. A su juicio, los negocios de GAESA son tan extendidos que la presión irá alcanzando más espacios, porque el conglomerado domina sectores decisivos de la economía formal, desde hoteles y puertos hasta gasolineras, comercio exterior y telecomunicaciones. Esa red explica por qué cada movimiento del holding impacta mucho más allá de sus balances: afecta la circulación de mercancías, el acceso a divisas y la capacidad del régimen para sostener su maquinaria de control.
La ofensiva de Washington también estrecha el cerco político sobre la élite cubana. Desde enero de 2026, la Administración Trump ha sumado más de 240 sanciones nuevas contra el régimen, y el 7 de mayo sancionó directamente a GAESA y a su presidenta, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. Con ese golpe, los activos bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados y el mensaje fue inequívoco: el entramado militar ya no puede seguir operando con la misma impunidad.
En medio de ese escenario, el economista vincula la presión sobre La Habana con el calendario electoral de Estados Unidos y con el cálculo político de figuras como Marco Rubio y Donald Trump. Para el régimen, cada sanción tiene un costo doble: le complica los negocios y desnuda su dependencia de un aparato económico militarizado que nunca rindió cuentas a los cubanos. El resultado es el de siempre: una cúpula que protege sus privilegios mientras el país carga con la escasez, el desorden productivo y el peso de una estructura diseñada para el control, no para la prosperidad.
Amor defendió además su postura optimista sobre cambios en Cuba, apoyándose en la historia de las transformaciones que antes parecían imposibles. Sus declaraciones, entre advertencias sobre el desmantelamiento de GAESA y pronósticos de movimientos rápidos, reflejan algo más que una discusión sobre sanciones: exhiben el nerviosismo de un sistema al que se le estrecha el margen para ocultar su economía política detrás de siglas y uniformes.
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