El régimen cubano anunció que las empresas estatales podrán fijar sus propios salarios y precios, crear filiales y aprobar inversiones sin depender de autorizaciones ministeriales. La medida forma parte de un paquete de 176 reformas económicas presentado como un intento de modernizar el aparato productivo estatal en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas.
El anuncio llega cuando Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y una emigración masiva. En ese contexto, las nuevas facultades otorgadas a las empresas estatales son interpretadas por muchos economistas como un reconocimiento implícito del fracaso del modelo de planificación centralizada que el propio régimen defendió durante más de seis décadas.
Según explicaron funcionarios del Ministerio de Economía y Planificación durante la Mesa Redonda, las empresas podrán aprobar sus planes económicos, decidir el destino de sus utilidades, crear nuevas entidades e impulsar inversiones con mayor autonomía administrativa. Sin embargo, esa autonomía continúa limitada por la propiedad estatal de los medios de producción y por la supervisión política del Partido Comunista.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, organismo encargado de representar al Estado como propietario de las empresas públicas. Aunque las autoridades rechazan que se trate de un «superministerio», la nueva institución supervisará indicadores financieros, inversiones, rentabilidad e ingresos en divisas, manteniendo el control central sobre las decisiones estratégicas.
Las reformas también contemplan la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles con participación de capital nacional y extranjero. Actualmente solo una pequeña parte de las cerca de 2.800 empresas estatales opera bajo ese esquema, que ahora el Gobierno pretende ampliar para captar inversiones sin renunciar al control político.
Otro cambio significativo es la eliminación gradual de los subsidios universales y de la libreta de abastecimiento, sustituyéndolos por ayudas focalizadas a personas consideradas vulnerables. La decisión evidencia las dificultades financieras del Estado para sostener un sistema de subsidios que durante décadas fue uno de los pilares del modelo económico cubano.
Las medidas muestran que el régimen intenta introducir mecanismos de mercado sin abandonar el monopolio estatal sobre la economía y el poder político. Más que una transformación estructural, representan un intento de aliviar el colapso económico preservando intacto el sistema que condujo al país a la crisis actual.
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