El Tribunal Provincial de Las Tunas dejó concluso para sentencia el juicio contra ocho activistas vinculados por la Fiscalía a la organización Cuba Primero, en un proceso que organizaciones de derechos humanos y familiares de los acusados consideran marcado por graves irregularidades y restricciones al debido proceso.
Siete de los procesados permanecen en prisión preventiva desde marzo de 2024 en la cárcel provincial El Típico, donde también se celebró el juicio. El octavo acusado, Carlos Alberto McDonald Ennis, fue excarcelado bajo fianza en junio de 2026 debido a problemas de salud, aunque continúa sometido al proceso judicial.
Según explicó McDonald Ennis a Martí Noticias, la Fiscalía mantuvo sin cambios las peticiones de condena para los ocho acusados, argumentando supuestos vínculos con el exiliado cubano Armando Labrador Coro, incluido por el régimen en la lista nacional de personas calificadas como terroristas en julio de 2025.
Las solicitudes fiscales oscilan entre seis y nueve años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Entre los acusados figuran Javier Reyes Peña, Guillermo Carralero López, Adisbel Mendoza Barroso, Pedro Carlos Camacho Ochoa, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Enrique González Infante y Maikel Hill Ramírez.
El juicio se desarrolló dentro del centro penitenciario bajo el argumento oficial de la falta de combustible para trasladar a los acusados al tribunal, una decisión que impidió la presencia de familiares y observadores independientes y que ha sido cuestionada por limitar la publicidad del proceso judicial.
De acuerdo con la acusación, los procesados mantenían contactos con Cuba Primero a través de Facebook y realizaban actividades dirigidas contra la seguridad del Estado. Sin embargo, la propia documentación del caso señala como pruebas acciones como publicar opiniones en redes sociales, compartir videos de contenido político, conversar con otros usuarios y conservar ejemplares impresos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El proceso queda ahora pendiente de sentencia en un contexto de crecientes denuncias sobre el uso de delitos políticos para procesar a opositores, activistas y ciudadanos críticos con el régimen cubano.
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