Las autoridades detuvieron este jueves a Carlos Manuel Álvarez Fernández, vecino de Guanabo, después de que permaneciera más de 18 horas en protesta pacífica, sin comer ni beber, para denunciar que su casa lleva 93 días consecutivos sin agua potable. El caso terminó en la unidad de la PNR de Guanabo, mientras su familia reclama una solución inmediata y su liberación.
La protesta salió de una necesidad elemental y terminó en castigo. En la vivienda conviven su madre enferma, su esposa y un bebé de apenas siete meses, una imagen que resume hasta qué punto la crisis de los servicios básicos golpea a las familias cubanas y las deja a merced de una respuesta estatal que llega tarde o no llega.
El episodio revela una práctica ya conocida en la isla: cuando el reclamo ciudadano toca un problema real, visible y doloroso, el régimen responde con policía en lugar de resolver. La falta de agua no queda solo como una carencia doméstica; se convierte en una prueba más del abandono institucional y de la incapacidad del aparato estatal para garantizar condiciones mínimas de vida.
Vecinos y ciudadanos han comenzado a denunciar las duras condiciones que atraviesan numerosas familias por la escasez prolongada de agua. En ese escenario, la detención de Álvarez Fernández envía un mensaje claro: protestar por necesidades básicas sigue teniendo costo, incluso cuando la demanda nace de una vivienda donde hay una madre enferma y un niño pequeño.
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