El exoficial cubano Jorge Luis Vega García, exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT), fue arrestado este martes en Estados Unidos, según confirmó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Martí Noticias.
Vega García, conocido entre prisioneros políticos como “Veguita”, ingresó legalmente al país el 20 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, a través del programa de Parole Humanitario. En Cuba, estuvo al frente de las prisiones Agüica y Canaleta, en Matanzas, y ha sido señalado por múltiples testimonios como uno de los represores más temidos del sistema penitenciario.
Su detención se produce tras la publicación de un reportaje de Martí Noticias en el que varios exprisioneros políticos —entre ellos Benito Ortega Suárez, Pablo Pacheco Ávila, Blas Giraldo Reyes y Fidel Suárez Cruz— lo acusan de haber dirigido actos de tortura física y psicológica, golpizas, confinamientos prolongados y represalias dentro de las cárceles durante la represión de la Primavera Negra de 2003.
La identidad de Vega García fue confirmada a través de documentos firmados por él tanto en Cuba como en EE.UU., verificados por Martí Noticias. Además, Lainersy Ávila Castro, exoficial del sistema penitenciario, declaró que el exmilitar no solo se mantuvo activo durante años en el MININT, sino que fue ascendido antes de su retiro.
El arresto también ocurre meses después de que el congresista cubanoamericano Carlos Giménez solicitara formalmente su deportación en una carta dirigida a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La petición incluía evidencia documental sobre su implicación en actos represivos vinculados al aparato carcelario del régimen cubano.
Por el momento, ICE no ha revelado públicamente los cargos específicos que motivaron la detención. No obstante, organizaciones del exilio y víctimas han reclamado un proceso judicial exhaustivo.
«Esto no se resuelve con una simple deportación. Exigimos justicia», declaró el ex preso político Fidel Suárez. El caso de Vega García se suma a otros precedentes en los que antiguos funcionarios del régimen han logrado establecerse en territorio estadounidense mediante programas migratorios, poniendo en evidencia las fallas en los mecanismos actuales de control y verificación.
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