El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones migratorias contra cuatro funcionarios judiciales cubanos implicados en el caso del joven manifestante Luis Robles Elizástigui, condenado en 2020 por protestar pacíficamente en La Habana con un cartel que pedía libertad y el fin de la represión.
Los sancionados son la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, todos vinculados al Tribunal Provincial Popular de La Habana. Según el comunicado oficial, estos funcionarios “supervisaron el procesamiento, la condena y la sentencia de Robles”, pese a que su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
Robles fue encarcelado tras levantar un cartel con la frase: “Libertad, no + represión, #FreeDenis”, en apoyo al rapero disidente Denis Solís. Fue acusado por el régimen de “propaganda enemiga” y “desobediencia”, y condenado a cinco años de prisión.
Washington recordó que “jueces y fiscales, agentes del régimen y no de un poder judicial independiente, desempeñan un papel clave en procesos arbitrarios que silencian a quienes ejercen su derecho a expresarse”. La medida prohíbe a estos cuatro funcionarios y a sus familiares inmediatos ingresar a territorio estadounidense.
Un alto funcionario de la cancillería estadounidense, citado por Martí Noticias, afirmó que esta designación “reafirma que los miembros del régimen de Cuba rendirán cuentas bajo la Administración Trump”. El Departamento de Estado subrayó su compromiso de “usar todas las herramientas disponibles para defender los derechos humanos del pueblo cubano” y animó a sus aliados a hacer lo mismo.
“La respuesta desproporcionada del régimen cubano ante una acción pacífica expone su intolerancia hacia la disidencia y la falta de libertad de expresión en la isla”, concluyó el comunicado oficial. Washington reiteró su respaldo al pueblo cubano en su lucha por una Cuba libre y democrática.
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