La investigación policial del caso Strongbox ha vuelto a poner a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una trama que mezcla empresarios españoles, presuntos vínculos con la mafia rusa y operaciones con el régimen cubano. Según el sumario citado por El Español, el entorno del expresidente habría servido para abrir puertas en La Habana cuando los contactos comerciales se trababan.
El dato importa porque habla de cómo el régimen convierte sus relaciones políticas en una vía de acceso para negocios opacos, mientras la Isla sigue hundida en la falta de inversión, la ruina energética y la escasez de divisas. La investigación de la UDYCO sostiene que empresarios alicantinos buscaron avanzar proyectos de parques fotovoltaicos en Cuba mediante una fórmula de pago que incluía níquel, cobalto y hasta oro.
Las escuchas incorporadas al caso, siempre según la información publicada, muestran que los implicados veían a Zapatero y a personas de su círculo como un atajo para destrabar negociaciones con funcionarios cubanos. Cuando se frenaron las conversaciones con Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, uno de los empresarios planteó acudir a ese entorno para recuperar acceso al poder cubano.
La investigación también apunta a un esquema de intermediación en el que aparece Jerónimo Sarmiento Morato, vinculado a Servigestión Lucentum, como puente entre empresas interesadas en instalar parques solares y autoridades de La Habana. En ese entramado figuran contactos con compañías de China, Sudáfrica y México, además de referencias a proyectos ligados a PEMEX para invertir en refinerías en la Isla.
Otro elemento que deja el caso es la lógica de trueque que el régimen ha usado para moverse en medio de su asfixia financiera. En una de las conversaciones citadas por el reportaje, uno de los investigados afirma que La Habana habría aceptado “un parque de un giga a cambio de níquel y cobalto”. Esa frase resume la degradación de una economía donde el Estado cubano negocia recursos estratégicos como moneda de pago mientras la población sigue sin ver soluciones reales en su vida diaria.
El sumario recoge además contactos con René Capote, diplomático cubano en España, y con Alfredo López Valdés, entonces director general de la Unión Eléctrica. Para los investigadores, esas comunicaciones refuerzan la sospecha de que determinados empresarios accedieron a altos cargos del régimen mediante intermediación política, una práctica que encaja con la opacidad que ha rodeado durante años los vínculos externos de La Habana.
La relación de Zapatero con Cuba tampoco es nueva. Tras dejar el Gobierno español, mantuvo cercanía con las autoridades de la Isla y defendió el diálogo con el régimen, incluso después de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando evitó condenar la represión contra los manifestantes. Esa actitud lo dejó del lado de quienes buscan blanquear al castrismo mientras los cubanos pagan el costo de la violencia, la censura y el colapso interno.
El caso Strongbox amplía ahora el foco sobre una red donde política, negocios y poder estatal aparecen entrelazados en torno a Cuba. Y vuelve a exhibir una realidad conocida: el régimen no solo administra pobreza y control, también ofrece sus conexiones como plataforma para operaciones turbias que terminan beneficiando a intermediarios, no al pueblo cubano.
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