Las denuncias sobre la actuación del sistema judicial cubano durante la represión posterior a las protestas del 11 de julio de 2021 vuelven a poner bajo escrutinio a funcionarios de la Fiscalía en la provincia de Camagüey. En esta ocasión, los señalamientos apuntan a una fiscal provincial que, según familiares de personas condenadas, habría participado en procesos penales contra manifestantes.
De acuerdo con los testimonios difundidos por allegados de varios sancionados, Yirina Ruiz Fernández, integrante de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Camagüey, intervino en expedientes relacionados con ciudadanos procesados tras las manifestaciones antigubernamentales del 11J.
Los denunciantes sostienen que durante esos procedimientos se promovieron solicitudes de condenas que consideran desproporcionadas. Estas afirmaciones corresponden a denuncias de familiares y activistas y no han recibido una respuesta pública de la funcionaria señalada.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han cuestionado la respuesta judicial posterior al 11J al denunciar irregularidades procesales y sanciones severas contra manifestantes.
Además de sus funciones en la Fiscalía Provincial, Ruiz Fernández desempeñaría labores de formación de nuevos fiscales, aspecto que también ha generado críticas entre activistas.
A casi cinco años de las protestas del 11J, la Fiscalía General de la República no ha emitido una respuesta oficial sobre estos señalamientos específicos.
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