La administración de Donald Trump anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones dirigido contra miembros del entorno familiar de Miguel Díaz-Canel y de la familia Castro, en una nueva escalada de presión contra la cúpula del régimen cubano.
De acuerdo con información divulgada por el Departamento del Tesoro, las medidas afectan a Díaz-Canel y a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a Manuel Anido Cuesta, hijastro del gobernante cubano; así como a Alejandro Castro Espín y a Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto de Raúl Castro.
Las sanciones contemplan el congelamiento de cualquier activo que los designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos, compañías y entidades de Estados Unidos mantener transacciones o vínculos comerciales con ellos.
Washington extendió además las restricciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia turística Amistur Cuba S.A. y la empresa Minera La Victoria S.A.
Al referirse a la decisión, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el objetivo es desarticular las estructuras que, según la posición oficial estadounidense, respaldan operaciones de influencia política promovidas por el régimen fuera de la Isla.
Rubio sostuvo que las personas y entidades incluidas en la lista desempeñan un papel relevante en el sostenimiento financiero y político del sistema de poder cubano. También advirtió que bancos extranjeros y empresas que mantengan relaciones con los sancionados podrían quedar expuestos a futuras penalidades.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la actual administración mantiene su estrategia contra lo que describió como un aparato militar con fuerte control sobre sectores clave de la economía cubana.
El anuncio se produce pocas semanas después de que fiscales federales en Miami presentaran cargos contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996. En aquel incidente perdieron la vida cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
Estas medidas forman parte de una política más amplia impulsada por la Casa Blanca contra figuras e instituciones vinculadas al régimen. En meses recientes, Washington ha sancionado a funcionarios relacionados con los órganos de inteligencia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
La decisión fue recibida favorablemente por varios legisladores cubanoamericanos. El senador Rick Scott afirmó que Díaz-Canel debe responder por las acciones del régimen y destacó que había solicitado previamente la aplicación de sanciones de este tipo.
El congresista Mario Díaz-Balart señaló que la medida demuestra la determinación de la administración Trump para exigir responsabilidades a quienes integran la estructura de poder en Cuba. Asimismo, agradeció al presidente estadounidense y a Marco Rubio por mantener una línea dura hacia el régimen.
Por su parte, el representante Carlos Giménez consideró que las autoridades cubanas enfrentan una presión cada vez mayor y expresó su respaldo a las sanciones impuestas contra altos funcionarios y personas allegadas al poder.
La congresista María Elvira Salazar afirmó que los sistemas autoritarios suelen sostenerse mediante redes de familiares, colaboradores e instituciones que garantizan su permanencia. En ese sentido, destacó que las nuevas sanciones alcanzan a integrantes del círculo más cercano de la familia Castro, así como a organizaciones y estructuras que, a su juicio, han contribuido a mantener el control político sobre la Isla durante décadas.
Con esta nueva ofensiva, Washington amplía el alcance de sus medidas restrictivas y coloca bajo mayor escrutinio a figuras consideradas esenciales dentro del entramado político y económico del régimen cubano.
1 Trackback / Pingback