Cuba comenzó este martes el regreso de su brigada médica en Guatemala, con la llegada a La Habana de los primeros 58 profesionales de un total de 412, en una retirada que golpea otra de las principales vías de ingresos del régimen y deja a la vista el deterioro de su negocio sanitario exterior.
La salida ocurre después de que Guatemala no renovara los contratos al alegar el vencimiento del acuerdo de cooperación. La Habana, en cambio, intenta vender la medida como resultado de presiones de Estados Unidos, mientras vuelve a presentar a sus médicos como una misión humanitaria y no como parte de un esquema estatal que durante años convirtió el trabajo profesional en fuente de divisas.
Al recibir al grupo en el aeropuerto de La Habana, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Cruz Hernández, defendió la “obra humanista” de la brigada y lamentó que el fin de la colaboración afecte el acceso a la salud de miles de personas en Guatemala. Esa narrativa oficial busca sostener una imagen de altruismo que el régimen necesita para maquillar la dependencia económica de esas misiones, una de sus entradas más importantes junto al turismo y las remesas.
El propio relato estatal recuerda la magnitud del negocio: desde noviembre de 1998, después del huracán Mitch, más de 11.327 profesionales cubanos han pasado por Guatemala. La cifra oficial también habla de más de 62 millones de consultas, 625.000 intervenciones quirúrgicas, 274.000 partos asistidos y más de un millón de vacunas aplicadas. Aun con ese balance, el retiro confirma que el modelo pierde terreno y que cada vez más países cierran o reducen acuerdos de este tipo.
No es un golpe menor para el castrismo. Las brigadas médicas han sido durante décadas una de sus mayores fuentes de ingresos en divisas y, al mismo tiempo, un mecanismo político que le permite exportar mano de obra calificada bajo control estatal. Cuando otros gobiernos frenan esos contratos, el costo cae sobre el aparato cubano, que ve encogerse uno de los pocos negocios que aún le daban oxígeno.
La retirada de Guatemala se suma a la decisión de marzo, cuando Cuba también sacó a sus sanitarios de Jamaica y Honduras. En paralelo, una decena de países caribeños y centroamericanos han cerrado o reducido en el último año sus convenios con La Habana, en medio de la presión de Washington sobre prácticas que denuncia como trabajo forzado. Más allá de esa disputa externa, el dato central para Cuba es otro: el régimen sigue perdiendo mercados, ingresos y capacidad de sostener su modelo de exportación de profesionales.
Lo que presenta como cooperación internacional ha sido, en realidad, una pieza clave de supervivencia económica para una dictadura que lleva años exprimiendo el talento cubano para tapar sus agujeros financieros. Cada retiro de una brigada deja menos propaganda y más evidencia de un sistema que depende de vender servicios, controlar a sus trabajadores y buscar divisas donde ya no le alcanzan ni los discursos ni la escenografía humanitaria.
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